La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), órgano colegiado del Ministerio de Sanidad de España acordó fijar el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas a 0, 72 euros con el objetivo de que los usuarios puedan acceder en condiciones económicas no abusivas a este producto sanitario obligatorio en la vía pública de la nación ibérica por el Covid-19.
“La comisión ha fijado este precio después de revisar los precios de mercado actuales de las mascarillas quirúrgicas en España, tanto en grandes superficies, como en oficinas de farmacia y venta online con objeto de garantizar la libre competencia por debajo del precio máximo fijado”, detalló el Ministerio de Sanidad español.
La medida representa una importante rebaja de este producto del 25% con respecto al precio máximo que existe actualmente, fijado en 0,96 euros. Este precio, con IVA incluido (21%) y el impuesto de recargo equivalente, se revisará con la periodicidad que la vigilancia de los precios de mercado requiera.
“Hoy hemos acordado una bajada del precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas de 0,96 a 0,72€. Nuestro objetivo es garantizar el acceso a las mascarillas quirúrgicas como medida de higiene obligatoria para la lucha frente al COVID 19”, expresó el ministro de Sanidad español, Salvador Illa.
La instancia viene a rebajar el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas de 0,96 euros fijado por las autoridades sanitarias el pasado mes de abril, cuando el consumo de este producto se disparó en todo el país. A su vez se espera que el precio baje aún más luego de que la ministra de Hacienda María Jesús Montero anunciara que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un decreto ley para la rebaja del IVA de las mascarillas desechables del 21% al 4%.
La decisión de rebaja del IVA se da tras la confirmación por escrito de que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción por aplicar un cambio legal que contraviene la directiva comunitaria del IVA. Montero explicó que, por responsabilidad, el Gobierno no podía aplicar una medida que contraviene la normativa europea sin tener garantías de que España no se verá condenada a pagar una multa por ello.
