Con 70 votos a favor, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el presidente Daniel Ortega, aprobó este martes una reforma parcial a la Constitución Política para establecer la cadena perpetua para quienes “cometan crímenes de odio”. Nicaragua será el segundo país que impone cadena perpetua en Centroamérica.
La reforma se realizó al artículo 37 de la Constitución que establecía que no se impondrán penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años. Con la reforma se añadió que “excepcionalmente se impondrá la pena de cadena perpetua, revisable cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanos que por su impacto causen rechazo o indignación en la comunidad nacional”.
Con esta reforma se completa un tridente legislativo que, según analistas, fue preparado para arrinconar a la oposición que intente desafiar al presidente Daniel Ortega, quien tiene más de trece años en el poder, en los comicios electorales previstos para noviembre de 2021.
Hace menos de dos meses el parlamento aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. La primera criminaliza el financiamiento que reciben asociaciones, empresas, organizaciones sin fines de lucro, y la segunda castiga a medios de comunicación y ciudadanos que divulguen lo que el gobierno considere noticias falsas o que “causen zozobra o inestabilidad” en la población, advierten los expertos.
Durante el debate parlamentario para establecer la cadena perpetua, el diputado oficialista Carlos Emilio López dijo que la prisión perpetua es un mecanismo de protección al derecho humano de la vida.
“Con la prisión perpetua estamos protegiendo la vida, la humanidad, la libertad y la integridad sexual de mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, personas mayores”, manifestó.
A su criterio la ley “persigue evitar que se cometan delitos sanguinarios, actos inicuos, horrendos”, y, por tanto, “enterrar la cultura y las prácticas de muerte y de destrucción del cuerpo humano”. (VOA)
