La Comunidad de Madrid ingresó este viernes 02 de octubre a las 22:00 hrs a una nueva etapa de confinamiento por el Covid-19, por lo que los ciudadanos de la capital española y sus alrededores estarán restringidos en su movilidad, al tiempo que los locales de hostelería y ocio verán una reducción de actividades.
“A las 22h entran en vigor las restricciones que el Gobierno de la Nación ha decretado en Madrid. Excesivas o no, a los madrileños, una vez más, nos toca tirar de paciencia, resignación y pundonor para vencer a esta pandemia. Atendamos a las normas y pronto saldremos”, lamentó el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
De esta forma unos 4,8 millones de madrileños estarán sujetos al confinamiento perimetral en sus municipios durante los próximos 14 días, por lo que no podrán trasladarse a otras zonas de la ciudad salvo por razones laborales, estudios, cuidado de dependientes, gestiones urgentes, exámenes o motivos de causa mayor.
Pérdidas millonarias
La medida entró en vigor pese a los reclamos de las autoridades regionales, encabezadas por Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quienes argumentan que la medida impuesta por el Ejecutivo es extrema por la millonarias pérdidas que supone las restricciones de actividades, además, de no corresponder con la realidad sanitaria de la región.
“Se trata de una agresión que genera un impacto económico que puede suponer la pérdida de 8.000 millones de euros y la destrucción media semanal de 18.000 empleos, un daño que, en cualquier caso, la Comunidad siempre ha supeditado a las necesidades de Salud Pública, defensa del interés público y la protección de la salud”, afirmó, a su vez, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.
Ante esto la Comunidad de Madrid solicitó este viernes ante la sala contencioso administrativo de la Audiencia Nacional medidas cautelares contra la Orden comunicada por el Ministerio de Sanidad para aplicar restricciones de movilidad y actividad en diez municipios de más de 100.000 habitaciones. Lo ha hecho al considerar que existe una “invasión de competencias” exclusivas del Ejecutivo regional mediante la “utilización torticera” del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El Ejecutivo regional considera que, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad asumió una competencia que no le correspondía y que afectaba a la adopción de medidas sanitarias, una capacidad exclusiva de la Consejería de Sanidad. Estas medidas suponen limitaciones de derechos fundamentales que, en cualquier caso, deben respetar principios de utilidad y proporcionalidad, y que, a juicio de la Abogacía General, son propias de un estado de alarma.
