La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela aseguró que miembros del Gobierno de Nicolás Maduro y las Fuerzas de Seguridad del Estado han incurrido en violaciones a los Derechos Humanos en el país sudamericano, por lo que instó al Estado venezolano a exigir cuentas a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura.
Ante esto la Misión de la ONU fue enfática en señalar que los crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno. A su vez advirtió que “estimaciones conservadoras” sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.
“La Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela”, detalla, agregando “estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” explicó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Las declaraciones las realizó el organismo internacional en el marco de la presentación de un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. En este sentido detalló que se pudo constatar patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.
Ante esto explicó que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas.
