La empresa de servicio de acompañantes SECOM de Uruguay, reclamó ante el nuevo Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Salud Pública, que las autoridades ejerzan “sus competencias y deberes de contralor” para impedir que la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos (AEPSM) “continúe desviando fondos que fueron recibidos con garantía del Estado” (desde 2011) y utilizándolos para “competir deslealmente con empresas que participan en un mercado libre, desregulado y sin subsidios de cualquier naturaleza”.
La denuncia explica que la Ley 18.439 tiene previsto un mecanismo de emisión de deuda con garantías del Estado destinado a que las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva estén en condiciones para revertir su situación financiera como prestadores de servicios en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Se puntualiza que los fondos de esa operación financiera no pueden ser utilizados en otras empresas del mismo grupo. Sin embargo ese mecanismo irregular se utilizó por la Asociación Española en 2011 y en 2016, por 550 millones de unidades indexadas, unos 2.568 millones de pesos.
Para los analistas esta es otra “herencia” de irregularidades que recibe el Estado desde las administraciones anteriores.
La denuncia de SECOM -presentada por los doctores Juan Andrés Ramírez y Gonzalo Ramírez Saravia- advierte acerca de “un trato preferencial” de parte del gobierno anterior para con la Asociación Española y solicita a las autoridades del actual gobierno que se designe un veedor que controle el accionar de esta institución, al tiempo que reclama que se prohíba a la mutualista “destinar fondos provenientes de la cuota salud o de los préstamos recibidos con garantía del Estado para competir deslealmente” con otras empresas y se impida el “desvío de fondos” que detalla en su escrito.
La denuncia
En la denuncia, SECOM advierte que la Asociación Española ha recibido fondos con garantía del Estado que “únicamente pueden destinarse a la reestructuración de los pasivos, para salir de la situación de insolvencia o grave situación económica”, pero los ha utilizado “para invertir en negocios que no están comprendidos en el objeto establecido por el legislador”.
“La consecuencia de haber utilizado los fondos recibidos con garantía del Estado con un fin diverso al previsto por la Ley 18.439 es que la Asociación Española enfrenta hoy una situación peor a la de 2015. (…) En efecto, el pasivo total de la Asociación Española al cierre del ejercicio 2015 era de $ 3.744:458.00, mientras que al cierre del ejercicio 2019 asciende a $6.564:000.000”, se afirma en el escrito.
SECOM indica que, como consecuencia de ese accionar, la Asociación Española exhibe una rentabilidad neta medida sobre los ingresos que tiene un ratio negativo del 2,5%, así como un alto ratio de endeudamiento y en aumento constante, e importantes deudas financieras por U$S 87,6 millones de dólares.
“La Asociación Española, en vez de utilizar los fondos obtenidos con garantía del Estado y los ingresos provenientes de la cuota social para sanear la institución, los ha utilizado para ingresar en negocios ajenos a su objetivo principal”, como la compra de una empresa de emergencias móviles y la creación de una empresa de servicio de compañía, agrega el escrito de SECOM.
La empresa denuncia además que la Asociación Española enfrenta una difícil situación que llevó a que debiera pedirle dinero a su sindicato porque no tenía posibilidad de afrontar el pago de los aguinaldos” de junio pasado. La mutualista -se afirma- tiene además “una cantidad muy importante de demandas en su contra por varios millones de dólares” (32 juicios civiles y 41 juicios laborales).
SECOM advierte que “nada de esto habría ocurrido si el Poder Ejecutivo hubiera ejercido el control necesario sobre la Asociación Española” como ordena la Ley 18.438 y el Decreto 792/2008. Algo que el Gobierno del Frente Amplio no hizo y debió hacer.
“El Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus competencias de contralor sobre los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, debería haber impedido que la Asociación Española utilizara los beneficios económicos, financieros y legales que le otorga el Estado para competir deslealmente con empresas privadas que prestan sus servicios sin subsidios de especie alguna”, se afirma en la denuncia.
