La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve a generar controversias ahora por la decisión del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de abstenerse de avanzar en el proceso de renovación del mandato de su Secretario Ejecutivo, el brasileño Paulo Abrão.
La CIDH que ha tenido cuestionamientos en el accionar de distintas causas, ha expresado en un comunicado “su más enérgica protesta; así como su alarma ante un grave embate contra su independencia y autonomía”.
El citado organismo de la OEA señala que “En el ejercicio de sus atribuciones, el 27 de julio de 2016, la CIDH seleccionó a Paulo Abrão, luego de un amplio proceso, para el cargo de Secretario Ejecutivo y, acorde con los términos del Artículo 11 de su Reglamento, remitió su nombre al Secretario General, Luis Almagro, quien confirmó la selección y lo designó para el puesto, habiéndose posesionado en el cargo el 16 de agosto de ese mismo año”.
Más adelante la CIDH puntualiza: “El día 15 de agosto de 2020, último día de la vigencia contractual, el Secretario General de la OEA comunicó a la CIDH, sin consulta previa, su determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivo” de la CIDH; lo que en la práctica se traduce en una negativa a extender el contrato laboral, trámite requerido para dar continuidad administrativa al mandato del Secretario Ejecutivo. La Comisión anuncia a la comunidad internacional que esa decisión unilateral del Secretario General constituye un franco desconocimiento de su independencia y autonomía, que busca la separación de facto del Secretario Ejecutivo, y dejar sin efectos la decisión de renovación adoptada 8 meses antes por la CIDH. No deja de llamar la atención de la CIDH que, durante ese lapso no recibió cuestionamiento alguno por parte del Secretario General sobre la pertinencia del procedimiento de renovación”.
Lo que responde Almagro a la CIDH y las denuncias contra Paulo Abrão
“Ante el comunicado emitido hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa que lamentablemente no se ha podido avanzar en el proceso de designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas ante los mecanismos institucionales encargados de garantizar y promover los derechos de las y los funcionarios de la Organización y de procesar en este caso las reiteradas denuncias sobre posibles violaciones de sus derechos”.
El secretario general de la OEA, agrega: “Lamentamos que la CIDH, a pesar de estar en conocimiento de decenas de denuncias, en algunos casos por meses, no haya dado traslado de las mismas a la Oficina del Inspector General para su sustanciación, lo cual debió ser realizado en definitiva por la Secretaría General. Esta falta de tramitación es un duro golpe a su credibilidad. Obviamente, la seriedad y gravedad de las denuncias mencionadas y la necesidad de sustanciar las mismas no ha permitido otorgar el visto bueno correspondiente a esta designación como se hiciera en el año 2016.
La presunción de inocencia ha sido asegurada, así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH ni en ninguna oficina de la Organización. No mientras sea Secretario General.
Es completamente falta de ética y repudiable pretender generar confusión respecto a lo que constituye la responsabilidad y rendición de cuentas funcional individual de uno o más funcionarios y lo que constituye la autonomía de la CIDH.
El trabajo del Secretario General ha sido asegurar la autonomía e independencia de la CIDH tanto en lo referido a la substancia de su trabajo como en el área administrativa, esto se hace y se continuará haciendo sin fallas. Asimismo, se espera se entiendan las responsabilidades institucionales del Secretario General en lo que respecta a asuntos funcionales de la organización. Agradece la voluntad de diálogo expresada y espera que el mismo pueda ser retomado luego que fuera interrumpido unilateralmente por la CIDH en el día de ayer”.
Otro cuestionamiento reciente a la CIDH: las víctimas de los Tupamaros
Días atrás la CIDH cuestionó la presentación de un proyecto de ley para reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, propuesto por Cabildo Abierto en Uruguay, expresa que “observa con preocupación la presentación de proyecto de ley ante el Senado de la República, por el cual se propone limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura cívico-militar”, pero, aquí aparece el cuestionamiento, la CIDH no pide por las reivindicaciones a las víctimas de la sedición, que siguen en el desamparo y sin ser reconocidas, datos que aparecen en un artículo de este medio.
Los llamados “presos políticos”, durante el gobierno del Frente Amplio recibieron una compensación de por vida extensible a sus familias. Para esto se otorgaron “jubilaciones especiales y pensiones reparatorias que otorga el BPS (Banco de Previsión Social) con el objetivo de indemnizar a las personas que por motivos políticos, ideológicos o gremiales, se vieron obligadas a abandonar el territorio nacional, fueron detenidas o despedidas de sus trabajos entre 09/02/1973 y el 28/02/1985. De acuerdo a lo establecido en la ley que las ampara (Ley 18.033), tendrán derecho también sus causahabientes”.
Pero a las víctimas del terrorismo de la guerrilla urbana, nada, ni una pensión ni ayuda económica de ninguna especie y menos un reconocimiento.
En un editorial el diario EL PAÍS de Montevideo del 10 de octubre de 2017, se explican claramente los hechos y que seguramente la CIDH los conoce pero nada dice:
Es una injusticia que se arrastra desde hace más de tres décadas: los familiares de las víctimas de los tupamaros nunca fueron compensados ni recibieron reparaciones ni reconocimientos de especie alguna. Entre ellos había policías, militares y simples civiles; 66 personas en total. Los uniformados murieron en defensa de las instituciones en tanto que los civiles fueron víctimas de actos terroristas cometidos por un grupo alzado contra el sistema democrático para instaurar un régimen castrista en Uruguay.
Para familiares de víctimas del terrorismo de Estado, para tupamaros, presos políticos, destituidos, perseguidos y demás damnificados por la dictadura se dictaron leyes de reparación que el Estado cumplió escrupulosamente. La inequidad entre ambas situaciones saltó a la vista hace tiempo, tanto que el propio Tabaré Vázquez en su primer gobierno propuso legislar para atender a estas otras víctimas olvidadas. Su propio partido político desestimó la iniciativa y algo similar pasó con proyectos que en su momento presentaron blancos y colorados.
El silencio de la CIDH, es claro al sesgar la historia reciente.
