Jorge Basur.-
Uruguay no es ajeno a lo que está sucediendo en algunas otras partes del mundo en relación al flujo de refugiados hacia el país. La pandemia frenó el tráfico de migrantes hacia Centroamérica y Europa, según pudimos observar en un informe publicado por la agencia EFE. En abril, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya había advertido que la pandemia, y el respectivo cierre de fronteras, afectaron “desproporcionadamente a los migrantes, refugiados y desplazados en la región”. En Uruguay, quien determina la condición de refugiado es el Estado uruguayo, a través de la COMISIÓN DE REFUGIADOS (CORE). La Ley sobre Refugio Nº 18.076 establece las condiciones, procedimiento, y organismos encargados de la determinación de la condición de refugiado en el país. Esta Ley también establece los derechos y obligaciones de los refugiados y solicitantes de tal condición. La Secretaría Permanente de la CORE es el organismo encargado de recibir y analizar las solicitudes de la condición de refugiado. Está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), representantes de la Dirección Nacional de Migración (DNM) y representantes del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU).
La condición de REFUGIADO se otorga a toda persona, que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo étnico o social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país.
También se considerará REFUGIADO a toda persona que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
La pandemia desatada por el coronavirus provocó una abrupta caída en la cantidad de personas que solicitan refugio en Uruguay, debido al cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad impuestas en prácticamente todo el mundo.
De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración y la Comisión de Refugiados, las solicitudes de refugio bajaron de 1.527 en el bimestre comprendido por enero y febrero, a 681 en lo que va de marzo a los primeros días de agosto, meses que coinciden en los que se decretó la emergencia nacional sanitaria a raíz de los primeros casos de coronavirus.
La cantidad de personas que durante este año solicitaron refugio fueron 2.208. En un desglose mes a mes podemos observar una disminución abrupta y un leve repunte en los últimos días. En el mes de enero fueron 707 las solicitudes de refugio, en febrero 820, en marzo 487, en abril 28, en mayo 37, en junio 62, en julio 61 y en lo que va de agosto 6. Las nacionalidades de los solicitantes son: 1.775 cubanos, 201 venezolanos, 89 dominicanos y 57 bangladesí, y 86 de otras varias nacionalidades.
En relación a como llegaron al país, más de la mitad 1.206 ingresaron a través de la frontera de Rivera con Livramento, al noreste del país. Por Río Branco lo hicieron 349, por el Chuy 319 y 252 tramitaron la solicitud en Montevideo, por intermedio de la secretaría de la Comisión de Refugiados (CORE).
En Uruguay desde el día 30 de marzo, después de declarada la emergencia nacional, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou decretó el cierre de fronteras, lo que limitó la inmigración, no prohibió la entrada de “personas comprendidas en la Ley de Refugiados (Nº 18.076)” pero las solicitudes de refugio disminuyeron al punto tal que en julio representaron solo un 8,6% de las que se registraron en el mes de enero. A mediados de julio, el gobierno dicto un nuevo decreto, exigiendo la obligación a todos los que ingresen al país, presentar un resultado negativo de test de coronavirus (por técnica de diagnóstico de PCR) con no más de 72 horas de realizado.
En los últimos días legisladores de todos los partidos del departamento de Rivera, se reunieron y le transmitieron al presidente Luis Lacalle Pou su preocupación por los refugiados que llegan desde el país vecino (Brasil) sin tener hisopado previo, ya que las condiciones sanitarias en relación a la pandemia de coronavirus en el estado de Rio Grande del Sur esta muy complicada.
Por su parte la Intendencia de Rivera, instaló un centro de contingencia donde se internan a las personas que vienen a solicitar refugio, hasta que obtengan el resultado del hisopado. El costo del test de PCR es financiado por el Ministerio de Salud Pública, y la intendencia es quien se hace cargo de la mantención de los migrantes.
El tiempo en que permanecen los refugiados en el centro de contingencia es de dos días como máximo y se puede extender hasta cuatro días, dependiendo de los laboratorios que los realizan.
El presidente Lacalle se comprometió con los legisladores a incrementar la acción conjunta con el Brasil para mejorar los controles y disminuir los riesgos de contagios, ya que Rivera y Livramento son una sola ciudad.
Este mismo control se realiza en la Barra del Cuareim, Artigas con Quarai, Acegua y Chuy, todas fronteras con Brasil.
