El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha atendido parcialmente solo dos de las 23 recomendaciones para revertir y prevenir las violaciones de derechos humanos en Venezuela que le hizo hace un año la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Esa es la conclusión de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, como Provea, al hacer balance del crítico informe que presentó la delegada de la ONU en julio de 2019 y que ha sumado ya al menos cuatro actualizaciones.
El 4 de julio del año pasado, tras seis meses de denuncias de la oposición venezolana contra Nicolás Maduro por su presunta usurpación del poder, Bachelet presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un reporte con profundas críticas al estado venezolano por las “graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales” documentadas por su oficina.
La alta comisionada denunció una estrategia oficial “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”. También, concluyó que la profunda crisis económica ha privado a la población venezolana de los medios para satisfacer su alimentación y cuidados médicos.
Observó, además, la militarización de las instituciones del estado y que el espacio para los medios de comunicación independientes se había reducido, entre otras vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela.
Tras entrevistar a 558 víctimas y testigos de tales violaciones, el documento incluyó 23 recomendaciones al gobierno de Maduro para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos y servicios de atención de la salud.
Otras peticiones fueron poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Propuso detener y condenar la persecución y represión selectiva por motivos políticos, y disolver las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional.
Las recomendaciones, explicó Bachelet, servirían para “frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas”.
Aquel documento es interpretado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos como un “hito” en el reflejo de la situación global de Venezuela, como lo refirió Provea en un comunicado donde evalúa su cumplimiento, un año después.
Calixto Ávila, consultor de derechos humanos y representante de Provea en Europa, dijo a la Voz de América que su organización, una de las más antiguas en Venezuela, nota que Maduro ha desoído en el último año 21 de las propuestas que le hizo Bachelet para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
“Se han cumplido parcialmente dos: la primera es la presencia de la oficina en el territorio, a través de dos oficiales (de Bachelet); y la segunda, el aumento de la cobertura de vacunación”, que se ha conocido solo a través de la información aportada por Unicef, no por el mismo gobierno en disputa, indica.
La presencia de la Oficina de la Alta Comisionada es un “paso importante” para los derechos humanos en Venezuela, opina el delegado de Provea, pero aún no se ha permitido el acceso de los oficiales de Bachelet a las instituciones de inteligencia militar, donde está detenida la mayoría de los opositores privados de libertad, añadió.
Propaganda antes que respeto
La alta comisionada para los Derechos Humanos ha actualizado su informe en cuatro oportunidades: en septiembre y diciembre de 2019; en marzo pasado, antes de la declaratoria de la pandemia, y la semana pasada, cuando precisó que su oficina ha seguido documentando restricciones al espacio cívico y democrático en el país.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, calificó el informe de hace un año como “errático” y lo vilipendió por no tener “rigor alguno”. El propio mandatario opinó que “repite mentiras” y denunció que Bachelet expresó su “envidia” al redactarlo.
Bachelet comentó en su última intervención ante el Consejo de Derechos Humanos que las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia sobre el nuevo poder electoral y los principales partidos de oposición “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.
A su entender, la población “sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud”.
Liliana Ortega, abogada y fundadora de Cofavic, una de las ONG de derechos humanos de mayor experiencia en Venezuela, destaca que las actualizaciones del informe de la alta comisionada evidencian “la poca cooperación” del gobierno madurista.
