Arnaldo Otegi, el histórico defensor de la banda terrorista ETA, se ha visto beneficiado por una resolución del Tribunal Supremo de España.
En las últimas horas la Sala Segunda del Tribunal Supremo español anuló la sentencia de la Audiencia Nacional en mayo de 2012 condenó a Arnaldo Otegi y a otros cuatro proetarras de la izquierda abertzale a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por el delito de pertenencia a organización terrorista en el ‘caso Bateragune’.
La Justicia española ha estimado los recursos de revisión interpuestos por Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto Garcia y Miren Zabaleta Tellería y ha anulado la sentencia de 7 de mayo de 2012 que les condenó por un delito de pertenencia a organización terrorista.
El caso Bateragune es el nombre con el que se conoce al proceso judicial seguido contra varios miembros de la izquierda abertzale por integración en organización terrorista bajo la acusación de intentar reconstruir Batasuna para formar una «alianza independentista» siguiendo órdenes de ETA, y por el que permanecieron encarcelados entre seis y seis años y medio Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale.
El Tribunal Supremo de España revoca ahora ese fallo luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) -un Tribunal que deja dudas sobre su imparcialidad- dictaminara que el juicio en la Audiencia Nacional no fue imparcial para los intereses de los acusados proetarras.
Cuando Otegi no quiso responder si condenaba la violencia de ETA
En el origen del recurso de los condenados al TEDH está la respuesta que dio esta magistrada, Ángela Murillo, cuando Otegi, en la vista de una causa anterior, no quiso contestar si condenaba la violencia: “Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta”. A lo que Otegi replicó: “Yo también sabía que lo iba a preguntar”, según se explica en un artículo de la RTVE. Por este hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no garantizar a Arnaldo Otegi un juicio “imparcial” en el caso Bateragune por el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna. Estrasburgo considera que la Audiencia Nacional vulneró sus derechos fundamentales al rechazar la recusación de la jueza Ángela Murillo, que le acabó condenando en aquel procedimiento en 2011.
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