Seis funcionarios nicaragüenses del Gobierno del presidente Daniel Ortega fueron sancionados el lunes por el Consejo de la Unión Europea, acusados de graves violaciones de derechos humanos.
Los sancionados son el subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua, Ramón Avellán; la exministra de Salud Sonia Castro; el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz; el asesor de asuntos de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau; el comisionado general y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Pérez Olivas, y el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), Justo Pastor Urbina.
En el caso de la exministra de Salud, la Unión Europea la señala por haber dificultado el acceso a la asistencia médica de urgencia a los civiles heridos durante las protestas antigubernamentales en abril de 2018.
Mientras que, en el caso del director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien es consuegro del presidente Daniel Ortega, lo acusan de ser el responsable de el uso excesivo de la fuerza empleado contra opositores, así como por detenciones ilegales y torturas, entre otros cargos.
Las sanciones contra estos funcionarios incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de entrada a cualquier país miembro de la Unión Europea.
Todos estos funcionarios ya habían sido sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos lo que provocó un sinnúmero de ataques del Gobierno del presidente Ortega, que calificó las medidas como “injerencia e imposiciones” extranjeras.
Un momento clave
La noticia se da en un momento en el que el Gobierno de Ortega ha pedido de forma incesante que se levanten las sanciones contra su administración.
De hecho, horas antes de conocerse las sanciones de la UE, el mandatario nicaragüense compareció en una videoconferencia en la Cumbre Virtual de Mandatarios, organizada por el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), para abordar de la pandemia de la COVID-19 y se refirió al tema.
En su mensaje Ortega denunció que, en medio de la actual pandemia de la COVID-19, no ha se han detenido lo que él llama “agresiones contra pueblos hermanos”.
“Remarcamos una vez más que se siguen violando los principios y las leyes internacionales que comprometen a toda la comunidad mundial. O sea, la pandemia del COVID- 19 no ha detenido las pandemias de las violaciones a los principios de Naciones Unidas. Algo más terrible, se están aprovechando de la pandemia para recrudecer agresiones contra pueblos hermanos en diferentes regiones del planeta”, expresó Ortega.
Sin embargo, la UE ha subrayado que en los últimos meses no se han logrado avances tangibles en materia de democracia y derechos humanos en Nicaragua.
“La represión continúa contra periodistas, opositores manifestantes, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica”, señala el documento emitido por la UE.
Finalmente, la UE llama al Gobierno de Ortega a cumplir con acuerdos adquiridos durante el último diálogo nacional que se realizó en marzo de 2019, en el que se estableció reforzar los derechos y garantías civiles, el restablecimiento de las libertades políticas y la libertad de los presos políticos, así como el retorno de organismos internacionales de derechos humanos para constatar lo que se vive en Nicaragua, entre otros puntos.
VOA
