El Tribunal de la Corte Nacional de Ecuador sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a dieciocho personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente; y dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho, en el llamado “Caso Sobornos”.
Además, deberán cumplir con esta condena Alexis Mera, exasesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla y el exasambleísta Christian Viteri.
Asimismo, los empresarios Víctor Fontana, Rafael Cordova, Bolívar Sánchez, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Alberto Hidalgo, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Mateo Choi y William Phillips como acusados contra quienes se pidió la pena máxima y también fueron hallados culpables por parte del Tribunal.
Mientras que Pamela Martínez recibió 38 meses con 12 días y Laura Terán, 19 meses con 6 días, condenas atenuadas por haber colaborado efectivamente en la investigación de Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.
En la sentencia, que fue informada de forma oral la mañana de este martes 7 de abril –con el apoyo de medios telemáticos– los magistrados señalaron también, como reparación integral al Estado, la publicación de la sentencia en tres diarios de circulación nacional, disculpas públicas por parte de los condenados en la Plaza de la Independencia, en Quito, y el comiso de sus bienes inmuebles.
A esto se suma la colocación de una placa en la Presidencia de la República del Ecuador, con el siguiente texto: «Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector». La placa incluirá la identificación del caso, del Tribunal juzgador y el delito por el cual se condena, en castellano y quichua.
Las pruebas presentadas por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, durante la audiencia de juicio, fueron determinantes para comprobar la existencia de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por el expresidente Rafael Correa, y que facilitó la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios.
Durante su alocución, el Juez ponente señaló que las pruebas presentadas durante la audiencia permitieron probar que los sobornos entregados fueron reportados al nivel jerárquico superior de la organización, es decir a Rafael C. y Jorge G., por lo que el Tribunal confirmó –más allá de cualquier duda razonable– la responsabilidad de los procesados en la estructura de corrupción investigada por Fiscalía.
Dicha estructura delictiva recaudó, en el periodo investigado, 7’575.196,09 dólares; de estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.
Los miembros del Tribunal señalaron que, con esta resolución, quedan suspendidos los derechos políticos de todos los sentenciados por un lapso de veinticinco años, para lo cual se debe notificar al Consejo Nacional Electoral.
Además, debido a que en el transcurso de la audiencia se hizo evidente la existencia de otras posibles infracciones, los magistrados dispusieron que se entreguen copias certificadas de este proceso a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones respectivas.
