Amnistía Internacional denunció que las Fuerzas de Seguridad del Estado de Chile y Venezuela han actuado con fuertes medidas de represión contra los manifestantes de ambos países, fomentando la violencia desmedida con acciones cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban.
“La represión en Venezuela fue especialmente severa, y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, asegura el organismo.
A su vez argumenta que tras el estallido social en Chile el 18 de octubre pasado las acciones de violencia por parte de Carabineros contra los ciudadanos se ha visto incrementada, situación que ha conllevado a que se produzca en el país la mayor crisis de derechos humanos desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.
“El ejército y la policía hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más”, detalló, agregando “las fuerzas del Estado intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo”.
Las declaraciones las realizó la institución internacional en el marco de la presentación del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en América 2019, donde especifica que en total, al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.
“El año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país”, especifica el informe.
De la misma forma advierte que Colombia siguió siendo el país más letal para los defensores y defensoras de los derechos humanos, con al menos 106 homicidios, en su mayoría de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras el encarnizado conflicto armado interno seguía azotando el país y México fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas en 2019. El país azteca también sufrió una cifra récord de homicidios.
