Gobierno de Bolivia rechaza amenazas de Evo Morales y lo acusa de “sembrar terrorismo”

El ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que estas declaraciones constituyen graves delitos de sedición alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado conspiración e incluso configuran terrorismo

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La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez (Foto MC)

El ministro de la Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, aseguró que el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, busca sembrar terrorismo, muerte y confrontación, con la intención de establecer milicias armadas en el país altiplánico.

“Nosotros rechazamos las amenazas de Evo Morales de desestabilizar (el país) con violencia, terrorismo, muerte (…), de pretender llevarnos en el mismo camino de Venezuela”, dijo.

Las declaraciones las realizó el representante del gobierno interino luego de que Morales, quien se encuentra refugiado en Argentina, expresara la idea de organizar milicias armadas como las que operan en Venezuela, cuando retorne a Bolivia.

En este sentido informó que el Gobierno asumirá acciones de prevención ante las nuevas amenazas de Morales, ya que el Ejecutivo considera que  estas son una clara amenaza al orden público, tanto para Bolivia como para Argentina.

“Hay casos abiertos en la justicia. Lo que se tiene que hacer es profundizar eso y acelerar que el Ministerio Público actúe de manera rápida, porque aquí se está poniendo en riesgo la seguridad de los bolivianos, aquí lo que se está haciendo es sembrar terrorismo, muerte, confrontación entre los bolivianos”, indicó.

De la misma forma el ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que estas declaraciones constituyen graves delitos de sedición, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración e incluso configuran terrorismo.

Así mismo argumentó que Argentina no debe permitir que Morales realice llamados a la violencia, odio, discriminación o subversión, que claramente sobrepasan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y otros derechos políticos garantizados. Esto sería contrario a las normas del derecho internacional y principios de las Naciones Unidas.