Chile anuncia acciones penales contra responsables del “boicot” hacia prueba de selectividad para la educación superior

“Hemos iniciado un conjunto de acciones penales contra quienes causaron daños y destrozos contra quienes atacaron a carabineros contra quienes realizaron filtraciones y contra quienes incitaron o promovieron acciones que alteraron el orden público y afectaron el desarrollo de la PSU” señaló el titular de Interior

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El Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile,  Gonzalo Blumel informó que desde el Ejecutivo se ha dispuesto la Ley de Seguridad Interior del Estado a los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) que impulsaron el boicot para que no se realice la Prueba de Selección Universitaria (PSU) entre este lunes 06 y martes 07 de enero en todo el país.

La instancia busca sancionar de forma penal a aquellos manifestantes que dentro del transcurso de la rendición de la prueba de selectividad se tomaron los locales destinados  para efectuar dicho examen, generando una serie de desórdenes y el impedimento para que los estudiantes puedan rendir la PSU.

“Hemos iniciado un conjunto de acciones penales contra quienes causaron daños y destrozos, contra quienes atacaron a carabineros, contra quienes realizaron filtraciones y contra quienes incitaron o promovieron acciones que alteraron el orden público y afectaron el desarrollo de la PSU”, señaló el titular de Interior.

Ante esto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública chileno se querelló contra 16 personas por las acciones violentistas cometidas durante las jornadas planificadas para la realización de la Prueba de Selección Universitaria, las que incluyen  a Víctor Chanfreau, vocero de la ACES, además de a otros dirigentes estudiantiles.

Considerando los dos días se suspendieron 147 de los 729 locales de la PSU, el 20% del total. A esto se sumó  la filtración de uno de los cuatro exámenes que componen la PSU por lo que la sección de historia, geografía y ciencias sociales que debía rendirse este martes fue suspendida en todo el país. La decisión afectó a 202.461 personas.

“No confundamos las responsabilidades. Acá hubo anuncios públicos de personas, a rostro descubierto, que llamaron a paralizar este proceso y eso causó un daño profundo a miles de jóvenes y estudiantes”, afirmó.