Uruguay: ex diputado del MPP, sector de Mujica, fue procesado por el caso Envidrio

En mayo de este año, Daniel Placeres renunció a su banca de diputado para ser sometido a la justicia penal antes de que se tratara su desafuero

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El exdiputado del MPP, Daniel Placeres, fue procesado por un delito de conjunción del interés público y privado (Foto ICN Diario)
El exdiputado del Frente Amplio Daniel Placeres, perteneciente al sector del MPP  que lidera el expresidente José Mujica, fue imputado y luego procesado penalmente por conjunción del interés público y privado. Era diputado y al mismo tiempo director de la empresa Envidrio.

El fallo judicial coincide con la acusación del fiscal Luis Pacheco respecto a que el exlegislador “no cumplió sus obligaciones” ante la Cámara de Diputados “al participar y tener injerencia” en la toma de decisiones en Envidrio durante el ejercicio de su actividad parlamentaria, algo que constitucionalmente estaba impedido de hacer.

Una comisión de la Junta de Montevideo trató el tema. Un informe de la IMM concluyó que ambos cargos eran incompatibles.

Placeres dejó Envidrio oficialmente en 2015, cuando la empresa ya estaba virtualmente fundida y sin mercados dada la crisis en Venezuela. La participación en Diputados de Placeres facilitó varios préstamos a la empresa, el primero de ellos por 1,6 millones de dólares.

Consiguió préstamos del Fondo de Desarrollo (Fondes) por 11.5 millones de dólares para reactivar su planta. La justicia de Crimen Organizado siguió de cerca otras inyecciones de capital.

Una de ellas fue de 6 millones de dólares -también vía Fondes- para financiar una empresa mixta venezolana Venvidrio surgida del acuerdo entre gobiernos.

En la causa se constató el pase de 1.5 millones de dólares del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (inefop), que depende del Ministerio de Trabajo.

En mayo de este año, Daniel Placeres renunció a su banca de diputado para ser sometido a la justicia penal antes de que se tratara su desafuero.

Placeres también había sido acusado de propiciar el trabajo en negro de los obreros que estaban en seguro de paro bajo el argumento que se trataba de “trabajo voluntario”.

Esto fue investigado porque configuraba una suerte de fraude contra el Banco de Previsión Social, según informó el informativo Subrayado de Montevideo.