Este lunes, el Gobierno boliviano declaró personas no gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado; a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero; al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández; y a los “presuntamente diplomáticos encapuchados y armados”, a quienes se les dio el plazo de 72 horas para que abandonen el país.
“Este grupo de representantes de los Gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia. La conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias”, manifestó la presidenta constitucional, Jeanine Áñez, en conferencia de prensa.
El viernes pasado, encapuchados del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la legación española, a bordo de vehículos con placas diplomáticas de la Embajada de España intentaron ingresar a la residencia de la embajadora de México en La Paz, según un reporte oficial de la Policía.
En ese marco, la Jefa de Estado lamentó la explicación “inconsistente” brindada por los diplomáticos extranjeros, quienes afirmaron que este impase se debió a una “visita de cortesía”.
“Bolivia, señores, ya no es colonia de nadie. La democracia recuperada por los bolivianos después de 14 años de dictadura, se respeta”, aseveró Áñez.
A su vez, aclaró que el Gobierno boliviano tiene “la más alta estima y respeto por los pueblos dignos de España y de México”, a tiempo de resaltar los históricos lazos de hermandad existentes entre estos países.
“Saludamos esos tejidos históricos, construidos largamente en nuestra historia y los cuidaremos para mantener alianzas aún mucho más fuertes entre nuestros pueblos; lo que no podemos tolerar es el abuso y prepotencia de sus gobernantes, que claramente tratan de encubrir a proteger a criminales que han cometido delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo”, remarcó.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, aseguró que la decisión asumida por el Estado boliviano se enmarca en los protocolos que se aplican en este tipo de casos y dijo que ningún país del mundo podría tolerar un incidente como el ocurrido el viernes pasado.
“En ese caso, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares faculta al Estado anfitrión o al Estado receptor a declarar persona no grata a aquellos diplomáticos que contravinieran las normas de las propias convenciones”, apuntó.
Asimismo, la Canciller señaló que la medida asumida no implica de ninguna manera una ruptura en las relaciones diplomáticas, sino exige a ambos Estados acreditar nuevos funcionarios para remplazar a los actuales.
También explicó que el sábado recibió una llamada de la Ministra de Relaciones Exteriores de España, quien le indicó que lamentaba el incidente y dejó en claro que tanto su persona como la cartera de Estado que ella preside desconocían tales hechos y desautorizaban a los funcionarios que incurrieron en esa irregularidad.
