El ex gobernador de Minas Gerais, en Brasil, Fernando Pimentel (PT), fue sentenciado por el Tribunal Electoral a 10 años y seis meses de prisión por tráfico de influencias y lavado de dinero. Entre varias acusaciones sobre otro caso, fuera de este fallo, la evidencia apunta a la intervención de Pimentel para favorecer los negocios de la empresa OAS en Uruguay, en el caso de la regasificadora que nunca se hizo y le costó millones de dólares a Uruguay, bajo el gobierno del Frente Amplio.
Inmediatamente de conocida la sentencia en Brasil sobre Pimentel, desde la oposición uruguaya señalan que el costo de la remoción de los 72 pilotes sobre los que se iba a construir la planta regasificadora será de ocho millones de dólares que deberá pagar el Estado uruguayo.
Este viernes la ANP informó que se intimó a Gas Sayago a remover los pilotes.
“Son malas noticias para el país y la confirmación de que el relato oficial se cae”, afirmó el diputado Pablo Abdala.
En declaraciones a Radio Uruguay, el legislador señaló el procesamiento del exgobernador del estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, quien reconoció haber intermediado a favor de la empresa OAS para la construcción de un gasoducto. Aunque no fue procesado por eso, hay un punto de contacto y la Justicia deberá tomarlo a consideración, dijo.
La sentencia en Brasil
La sentencia, dictada por la jueza Luzia Divina de Paula Peixôto, de la 32a Zona Electoral de Belo Horizonte, fue publicada en la edición de este jueves (21) del Diario de Justicia del Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais (TRE-MG).
Según el fallo, los crímenes se cometieron cuando Fernando Pimentel fue Ministro de Desarrollo en el gobierno de Dilma Rousseff entre 2011 y 2014, siendo los delitos cometidos antes de asumir como gobernador de Minas Gerais, el estado que gobernó de 2015 a 2018. Intentó la reelección en el año pasado pero fue derrotado.
De acuerdo con la queja del Fiscal Federal (MPF), Pimentel utilizó su posición en la administración federal para negociar donaciones de campaña irregulares con el propietario de la empresa JHSF Incorporations.
A cambio de donaciones declaradas y no declaradas (recuadro dos) para su campaña de gobernador en 2014, el político habría influido, junto con la Secretaría de Aviación Civil, en la concesión de un aeropuerto en la región metropolitana de São Paulo a la empresa.
“Dado el contexto probatorio, se confirmó la influencia que tendría Fernando Pimentel en la aprobación del proyecto”, argumentó el juez en la sentencia.
Corretaje
La persona responsable de negociar las negociaciones habría sido el empresario Benedito Rodrigues de Oliveira, conocido como Bené. Trabajó en la campaña de Pimentel para el gobierno de Minas y también fue sentenciado a 8 años de prisión por tráfico de influencias y lavado de dinero.
Basado en declaraciones de Bené, quien colaboró con las investigaciones, y otras pruebas, el MPF dijo que $ 5 millones se combinaron como un soborno para ser pagado por el empresario José Auriemo Neto a través de donaciones oficiales para la campaña. de Pimentel y el directorio PT.
Además, según la queja, una parte no declarada como donación se habría transferido directamente a dos remesas de $ 250,000 en efectivo. Parte de la cantidad también se habría utilizado para pagar las deudas de la campaña con el instituto de investigación Vox Populli.
Marcos Coimbra y Marcos Hiram Novaes, ambos vinculados al Vox Populli, también fueron condenados a 2 años, 9 meses y 18 días de prisión cada uno. La pena, sin embargo, se convirtió en servicio comunitario y una multa.
El caso se originó en la Operación Acrónimo, en la cual la Policía Federal (PF) investigó el uso de efectivo dos en la campaña de 2014 al gobierno de Minas Gerais. La acción penal, una de las cuatro resultantes de la operación, estaba pendiente ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ), pero fue remitida a la Justicia Electoral de MG a principios de este año después de que Pimentel dejó el cargo de gobernador y perdió el foro privilegiado.
Defensa
Solicitado por Agência Brasil , el abogado Eugênio Pacelli, quien representa al ex gobernador Fernando Pimentel, envió una nota que indica que “esta condena excedió cualquier límite razonable”.
“Nunca había visto algo tan irracional y tan contrario al registro. Colaboradores que cambian versiones, hechos claramente inventados en la policía y los tribunales, y revelados en audiencia. ¡Y confirmado como verdad! ”Dice el defensor. Aunque reconoció la “seriedad e independencia” del juez, dijo que “la sentencia de sorprendente fragilidad será revisada en su totalidad en la apelación”.
La Agencia Brasil intenta ponerse en contacto con la defensa de los demás presos.
En un comunicado, la compañía JHSF dijo “que no es parte en este caso y que no se presentó ninguna queja contra la compañía. En 2017, el controlador de la compañía firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades brasileñas, ya ratificado por el Tribunal Superior de Justicia, para aclarar los hechos”.
