La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la aprobación por parte de la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, del Decreto Supremo 4078, que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas del país en caso de que actúen en “legítima defensa o estado de necesidad”, asegurando que este tiene un carácter “grave” ya que desconoce los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
La medida instaurada por el Ejecutivo prevé fortalecer las acciones de las FF.AA a la hora de enfrentar las movilizaciones ciudadanas y disturbios que alteran el orden público en el país desde el pasado lunes, luego de la renuncia de Evo Morales al cargo de Presidente de la república tras verse cuestionado por la transparencia en las últimas elecciones del país.
“El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, señala el texto.
Ante esto la CIDH alertó que desde ayer ya son 9 las personas fallecidas en el marco de las movilizaciones ciudadanas y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y Fuerzas Armadas. Se totalizan por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política.
En esta línea el organismo internacional argumentó que instancias jurídicas de esta naturaleza contraviene la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH.
“El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno (…) el grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta”, dijo.
Ante esto la CIDH aseguró que condena cualquier acto administrativo del gobierno boliviano que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales.
