Justicia Legítima: ¿Existe la independencia del Poder Judicial en Argentina?

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Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (Foto: csjn.gov.ar)

En cualquier país democrático, el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y es lógico que así sea, pero continuamente estamos viendo pruebas de lo contrario. Jueces y fiscales subordinados al mandato político, como hoy ocurre en algunos países de la región. Venezuela con un Tribunal Supremo de Justicia dominado por el chavismo y con un magistrado presidente – Maikel Moreno – exconvicto por homicidio que solo acata las órdenes de Nicolás Maduro o Bolivia donde un tribunal hizo un fraude descomunal para anular un referéndum popular que la negaba a Evo Morales la posibilidad de eternizarse en el poder.

Desde luego que quienes están encargados de administrar Justicia pueden pertenecer a un sindicato del ramo para velar y defender sus derechos como trabajadores, pero de ahí a integrar una asociación afín a un gobierno, hay mucha distancia.

Esto ocurre en Argentina con Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales, señalada por su afinidad con el kirchnerismo, algo que sus miembros no ocultan.

Entonces, ¿es posible creer en la imparcialidad del Poder Judicial cuando algunos de sus miembros se declaran afines al kirchnerismo como es el caso de “Justicia Legítima”?.

Según Clarín, el  11/09/2015,  el fiscal K Franco Picardi solicitó al juez federal Claudio Bonadio que acote solo al año 2012 una investigación por el desvió de fondos del PAMI para financiar otras actividades del Gobierno (kirchnerista). Picardi, dijo al magistrado que “deberá encorsetar” su investigación al año 2012 y no desde el 2008 cuando comenzó la maniobra, revelaron a Clarín fuentes judicial.

Pero ahora Picardi, luego de las elecciones y con la vuelta del kirchnerismo asegurada al poder, imputó la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a Pablo Noceti y otros funcionarios, quienes según el fiscal K, actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro, según informan los medios argentinos.

La cacería parece recomenzar…