La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que las Fuerzas de Seguridad del Estado de Nicaragua, continúan realizando detenciones arbitrarias e ilegales en contra de manifestantes y personas disidentes del Gobierno de Daniel Ortega, por lo que instó a las autoridades del país a frenar este tipo de actos que no contribuyen a la estabilidad democrática, al tiempo de abogar por que se garantice el derecho a la protesta y la manifestación pública.
“Persisten particularmente las detenciones arbitrarias e ilegales, el impedimento de toda forma de manifestación o protesta social, el cierre de espacios democráticos, así como el recrudecimiento de la represión en contra de las personas privadas de libertad”, declara un comunicado de prensa.
Ante esto el organismo internacional expresó su preocupación por la persistencia de actos de represión en Nicaragua que tienen lugar en el marco del diálogo iniciado el 27 de febrero de 2019 entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, asegurando que sólo desde el 27 de febrero hasta el 15 de marzo de 2019, se reporta la detención arbitraria de al menos 25 personas opositoras al gobierno.
En este sentido especificó que los actos fueron realizadas por miembros de la policía, quienes sin orden judicial, sin indicar el motivo de las mismas, y sin informar a las familias el lugar de reclusión procedieron a detener civiles, además de no haber sido puestos a disposición de un juez dentro del plazo constitucional de 48 horas lo que constituye una grave irregularidad en el proceder de la detención.
En esta misma línea la comisión asegura tener denuncias de una práctica consistente y documentada de ocupación policial desproporcionada de todos los espacios públicos en los que se podrían desarrollar protestas sociales, con el fin de impedirlas antes de que se produzcan y de generar un ambiente intimidante y hostil a estas manifestaciones.
“La protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades. La Comisión recuerda que en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”, argumentó la CIDH.
