El vice-procurador general Electoral, Humberto Jacques, reiteró hoy al Tribunal Superior de Justicia de la Nación (TSE), su posición favorable a que Lula sea declarado inelegible.
El dictamen fue anexado a la solicitud de registro de candidatura de Lula, cuyo relator es el ministro Luís Roberto Barroso, en respuesta a cuatro “noticias de inelegibilidad” hechas por ciudadanos contra el ex presidente.
Además de la impugnación del Ministerio Público Electoral (MPE), candidatos, coaliciones y partidos son legítimos para impugnar registros de candidatura de adversarios, lo que debe hacerse en hasta cinco días después de la publicación de un edicto por el TSE. En el caso de Lula, ese plazo vence el próximo miércoles (22).
Cualquier ciudadano, sin embargo, puede enviar una “noticia de inelegibilidad” al TSE, dando cuenta de situaciones irregulares que impidan a un candidato a disputar las elecciones. Al menos cuatro procesos de ese tipo fueron abiertos contra Lula, bajo el argumento de que fue condenado por corrupción y lavado de dinero por la segunda instancia de la Justicia Federal y por eso estaría enmarcado en la Ley de la Ficha Limpia y no podría disputar las elecciones.
En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de los servicios públicos, se debe tener en cuenta que, “.
“Ante el expuesto, el Ministerio Público Electoral se manifiesta por el reconocimiento de la causa de inelegibilidad noticiada, con el consiguiente rechazo del registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, reiterándose en la oportunidad todos los términos de la impugnación presentada”, concluyó el vice-fiscal general electoral en la manifestación de esta segunda.
Al menos 10 contestaciones contra el registro de candidatura de Lula fueron protocoladas en el TSE hasta el momento. Una vez finalizado el plazo para impugnaciones, debe comenzar a contar un plazo de siete días para la respuesta de la defensa. El ministro Barroso dicta el ritmo del proceso.
Barroso puede decidir de modo monocrático y liminar (individual y provisional) sobre el aplazamiento o no del registro de Lula, pero hay indicaciones de que debe llevar el caso directamente a juicio en el plenario del TSE, tras la manifestación de la defensa.
Lula está preso desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, tras una pena de 12 años y un mes impuesta contra sí por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), segunda instancia de la Justicia Federal.
En los frentes paralelos, la defensa del ex presidente intenta garantizarle el derecho de recurrir en libertad al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Supremo Tribunal Federal (STF) contra su condena y también lograr una decisión judicial que permita a Lula hacer campaña y disputar las elecciones.
Agencia Brasil.-
