Quito (Andes). – El expresidente Rafael Correa (2007-2017) se presentó este lunes ante el Consulado de Ecuador en Bruselas para cumplir con la medida cautelar pedida por la Fiscalía General del Estado (FGE), por su presunto vínculo en el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012.
En su cuenta de red social Twitter, Correa indicó que en el ejercicio de sus derechos, se amparó en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH.), la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y en la Carta Magna ecuatoriana.
“Me he presentado el día de hoy, lunes 2 de julio de 2018, al Consulado del Ecuador en Bruselas, para cumplir la medida cautelar impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado ‘Caso Balda’”, dijo Correa.
Correa ya ha comparecido anteriormente desde el Consulado de Ecuador en la capital belga, a través de una videoconferencia voluntaria en una fase de investigación del mismo caso.
El expresidente mantiene su posición de rechazo ante cualquier vinculación con el caso Balda y asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación en los hechos.
El secuestro que involucra al expresidente Correa
El secuestro del exasambleísta ecuatoriano por el Partido Sociedad Patriótica, Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Bogotá, fue retomado por la justicia de Ecuador este año y ha salpicado a los más altos funcionarios del gobierno anterior, incluido el expresidente Rafael Correa (2007-20017)
Andes presenta una línea de tiempo sobre este caso desde 2009, año en que Balda era legislador.
2009:
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, interpuso en la Fiscalía General del Estado (FGE) una demanda en contra de Fernando Balda, por difusión de noticias falsas y alarmantes que atentan a la seguridad del Estado.
En ese mismo año el exdirector de la Unidad Técnica de Seguros, Óscar Herrera, lo demandó por injurias calumniosas no graves.
2010:
La FGE dicta auto de llamamiento a juicio en contra de Balda por difusión de noticias falsas.
2011:
A mediados de año, Balda buscó refugio en Colombia huyendo de la justicia ecuatoriana.
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2012:
Según información de la Fiscalía de Colombia, publicada en la revista Semana, en mayo de ese año, en el hotel Las Lomas de Bogotá, Balda habría conocido a Luis Chicaiza, Wilson Jarrín y Daniela Gaibor, los tres ecuatorianos que se habían presentado como opositores al expresidente Correa.
Los tres decían que participarían en el evento de la Fundación Internacionalismo Democrático presidida por Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Dos meses después, varios hombres y un policía disfrazado habrían hecho un primer intento para deportar a Balda hacia Ecuador, pero como su estancia en Colombia estaba en regla, la deportación no se concretó.
Más adelante, los tres individuos, presuntamente miembros de la inteligencia ecuatoriana, realizaron labores encubiertas en Colombia y se aliaron con un suboficial del Ejército colombiano, contrataron delincuentes e intentaron secuestrar a Balda.
El presunto secuestro habría sido el 13 de agosto, sin embargo, el movimiento inusual de un grupo de taxistas alertó a la policía que emprendió un operativo e hizo que los delincuentes abandonen a Balda en la mitad de la ciudad.
En octubre de 2012, Balda fue deportado a Ecuador porque no cumplía con el estatus migratorio y a su regreso cumplió con una sentencia de dos años prisión.
2013:
Un juez condena al exasambleísta a un año de prisión por atentar contra la seguridad del Estado por su denuncia de una supuesta oficina de espionaje, creada por el Gobierno para interceptar llamadas telefónicas de jueces, políticos y periodistas.
2014:
Balda presentó una denuncia contra Luis Raúl Chicaiza ante la justicia ecuatoriana e insistió en la participación del expresidente Rafael Correa a quien acusa de haber ordenado su secuestro usando recursos y funcionarios del Estado.
2018:
El presidente Lenin Moreno ordenó reabrir el caso Balda. Varias autoridades han sido llamadas a declarar, entre ellas el exministro del Interior José Serrano y su exasesor Diego Vallejo; también el exsecretario Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo y el expresidente Correa.
Este último fue vinculado al caso por el delito de asociación ilícita y cuenta con medidas cautelares dictadas por la Corte Nacional de Justicia.
En el proceso judicial han sido vinculadas hasta el momento cinco personas. De ellas, los tres exagentes de la Senain Diana Falcón, Jorge Espinoza y Luis Chicaiza se encuentran detenidos.
Además, se han emitido órdenes de prisión preventiva en contra de Fausto Tamayo, exdirector de Inteligencia de la Policía, detenido por un caso de corrupción en ese cuerpo policial y de Pablo Romero, exdirector Nacional de Inteligencia y quien está residiendo en España.