Los gobiernos autoritarios de Venezuela y Bolivia, no reconocen la actuación independiente del Poder Judicial de Ecuador y critican la decisión judicial de pedir la prisión preventiva del expresidente Rafael Correa, acusado en el caso del secuestro del ex diputado opositor Fernando Balda.
El Gobierno de Ecuador lamentó este miércoles las declaraciones de los gobiernos de Venezuela y Bolivia y pidió respeto a la división de poderes en este país andino, luego que la víspera una jueza solicitara orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, al que vinculó en la investigación por el secuestro de un asambleísta en 2012.
“Por esto hemos presentado notas formales de protesta, y hemos convocado a sus embajadores en nuestro país para que expliquen la postura de sus Gobiernos con respecto a la problemática interna en nuestro país”, informó el canciller, José Valencia, en rueda de prensa conjunta convocada en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
“Exigimos como Gobierno democrático el respeto de Gobiernos vecinos a nuestra división de poderes y al trabajo del poder judicial”, enfatizó el jefe de la diplomacia, quien confirmó que también fue suspendido el viaje a Caracas de nuevo embajador ecuatoriano designado.
Desde la dictadura chavista critican la separación de poderes y pretenden que el gobierno de Ecuador mantenga al Poder Judicial sujeto a sus órdenes, de la misma forma en que Maduro tiene dominado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
El dictador chavista ha expresado en Twitter: “Primero Cristina. Luego Lula. Ahora Rafael Correa. Cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La Revolución Bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y @MashiRafael”.
La co dictadora y vicepresidenta ejecutiva de la tiranía venezolana, Delcy Rodríguez, calificó la acción sobre Correa como una “persecución en su contra, expresión de la criminalización imperial de los movimientos progresistas, nacionalistas y de izquierda de la Patria Grande”.
El martes, Evo Morales denunció la presunta politización de la justicia de Ecuador y la injerencia de Estados Unidos, en su intención de encarcelar al expresidente de ese país, Rafael Correa (2007 y 2017)
