El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) prohibió hoy (26) la ampliación de la vigencia máxima de los actuales contratos de concesiones para empresas que actúan en los puertos brasileños. La decisión fue tomada por el plenario del TCU y comunicada al Ministerio de Transportes ya la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antac), a la Casa Civil y al Congreso Nacional. El TCU también remitió su opinión para la evaluación de la Procuraduría General de la República.
La medida se refiere al Decreto de los Puertos (9.048 / 2017), que regula la explotación de puertos organizados y de instalaciones portuarias. El decreto permitiría la renovación de concesiones por hasta 70 años.
El Ministerio de Transportes confirmó en una nota oficial que el TCU “desestimó la posibilidad de adaptación de los contratos vigentes” prevista en el decreto. Según la cartera, que aguardaba el pronunciamiento del TCU para efectuar las renovaciones, el tribunal reconoció, entretanto, la posibilidad de implementación de inversiones privadas en áreas comunes del puerto, así como la posibilidad de sustitución de áreas, siempre que se respeten los límites análisis previos.
En la nota, el ministerio reitera que las decisiones que llevaron a la edición del decreto se basaron en criterios técnicos y discutidos con las entidades del sector privado, bajo el seguimiento de la Abogacía General de la Unión (AGU) y de la Contraloría Interna de los Transportes. El ministerio informó que aún “aguarda la notificación del tribunal para la adopción de las medidas que se derivan.”
