El Secretario General de la Organización de Estados Americanos- OEA, Luis Almagro lamentó la existencia de violaciones a los Derechos Humanos y de las libertades democráticas por medio de la persecución política en Venezuela, asegurando que estas acciones y sus responsables, incluido su presidente Nicolás Maduro, podrían ser condenadas en un Tribunal Internacional.
“La Secretaría General de la OEA no encuentra posible hacer caso omiso de denuncias y testimonios presentados durante años por los venezolanos y venezolanas que han sufrido la persecución del régimen. Estos testimonios han sido presentados a la OEA específicamente por aquellos que ya habían denunciado estos casos o que decidieron presentarse ante nuestra Organización en la búsqueda de Justicia”, expresó.
Las declaraciones las realizó el máximo líder del organismo internacional en base al informe presentado por un panel de expertos de la OEA, quienes concluyen que existen “fundamentos suficientes” para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
En este sentido argumentó que crímenes como los que se describen en los testimonios del informe son suficientes para apelar a una conciencia universal, dado que se describe con claridad la imposibilidad de que los mismos tengan justicia en su propio país. Definitivamente, no ha habido investigaciones, no ha habido verdad y no ha habido justicia.
De la misma forma asegura la nota de prensa que las denuncias refieren a crímenes de actores del Estado, especialmente las de mayor autoridad, organizados, ordenados e implementados dentro de los mecanismos del Estado, “por lo que el aparato del Estado ha sido y es en su integralidad el dispositivo para aterrorizar a la población venezolana”.
Ante esto Almagro aseguró que todos los antecedentes recogidos en este informe serán remitidos a la Corte Penal Internacional para los efectos de reforzar la evidencia probatoria de las denuncias ya presentadas, como la de Tamara Suju, del Instituto Casla. Al mismo tiempo, este documento será la base de las gestiones que se realizarán ante países miembros de la OEA y observadores, para que representen ante la Corte Penal Internacional las denuncias aquí formuladas.
