La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará una carta a las autoridades de Cataluña recordando la obligación de ofrecer un 25% de clases en castellano en los colegios financiados con dinero público.
Así lo anunció la presidenta de la comisión, Cecilia Wikström (ALDE, Suecia), tras escuchar a la representante de la Asamblea por la Educación Bilingüe, Ana Losada, que denunció lo que considera una situación de discriminación lingüística hacia los castellanoparlantes en el sistema educativo catalán.
Losada señaló que los castellanohablantes ven vulnerados sus derechos al no poder estudiar en su lengua materna, y apuntó que esta situación se solucionaría con el respeto de la ley. En este sentido, recalcó que el objetivo de la asociación es que el bilingüismo de la sociedad se refleje en las aulas y el castellano sea visto como una ¨lengua de cultura”.
La peticionaria hizo hincapié en la especial repercusión que este sistema educativo tiene en los niños con necesidades especiales, que tienen mayores dificultades para aprender las lenguas, y en los escolares procedentes de otras regiones de España, que se ven obligados a asistir a las clases casi exclusivamente en catalán sin conocer el idioma.
Por su parte, la Comisión Europea manifestó que es competencia de los Estados miembros legislar sobre política educativa, y corresponde a los gobiernos español y catalán decidir sobre inmersión lingüística.
Wikström confirmó que la petición se mantendrá abierta y anunció el envío de la carta a las autoridades regionales en Cataluña. Recalcó también la necesidad de garantizar la libre circulación en Europa, de manera que las familias puedan desplazarse sin que los niños vean mermado su derecho a la educación.
Discriminación lingüística en el ámbito del consumo
En la misma sesión, la comisión decidió mantener abierta la petición de la asociación Impulso Ciudadano sobre la discriminación lingüística en el ámbito del consumo. Su representante, Carlos Silva, denunció la “persecución por parte de la Policía” que sufren los negocios con rótulos en castellano.
Silva subrayó que se ha implantado un “uso exclusivo del catalán en la actividad comercial, con la consiguiente vulneración de los derechos de los castellanoparlantes”. En este sentido, apuntó que los ciudadanos castellanoparlantes no tienen acceso a determinada información en una lengua comprensible.
También en esta petición la Comisión Europea recalcó su falta de competencia, que corresponde a los Estados miembros.
