La nueva sede del gobierno boliviano tiene por nombre Casa Grande del Pueblo, pero ya se le conoce como el “Palacio de Evo” en La Paz, por las sumas millonarias que insume su construcción con gasto declarado que asciende -en principio -a unos 36 millones de dólares, y su equipamiento conlleva otros casi 7 millones de la moneda americana.
El periódico Página 7 de Bolivia, revela que Un monto de 47.448.796 bolivianos fue presupuestado este año para el equipamiento del nuevo palacio presidencial, según datos del SIGMA y del Presupuesto General del Estado 2018, analizados por el economista Julio Linares. Cuando falta una semana para la entrega provisional de la infraestructura, el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) sólo registra dos licitaciones, ambas referentes al WiFi, por 2.889.005 bolivianos.
Legisladores de oposición señalan que los costos de las adquisiciones para equipamiento no se transparentan debido al Decreto Supremo 3494 que autoriza la compra directa, sin publicación de contratos, cuando éstos corresponden a montos menores a 20.000 bolivianos. Advierten que se trata de una inversión “millonaria sin fiscalización”.
Desde el punto de vista de la ciudad se trata de una agresión sin precedentes, que destruye lo poco que quedaba de coherencia en su casco histórico. Para ser justos, sin embargo, no está demás subrayar que a pesar de los esfuerzos ímprobos de especialistas y activistas en defensa de nuestro patrimonio, la normativa referida a lo que se puede y no se puede hacer en el perímetro de lo que denominamos como “ciudad vieja” ha sido cambiante, errática y contradictoria desde hace ya varias décadas. El resultado, antes de el último y demoledor atentado que comentamos, ha sido el de la construcción de edificios que desnaturalizaron la zona. Los dos ejemplos más evidentes son el Banco Central (1981) y el Mercado Lanza (2010), en ambos casos (y otros varios que han ido “bombardeando” otras calles de la zona), el criterio dominante tuvo que ver con una peculiar idea de “desarrollo”, “progreso” y “modernidad”, que de manera inexorable dañó la imagen urbano-arquitectónica de la sede de gobierno., señala el expresidente Mesa en su artículo.
El Gobierno de Evo Morales sale al cruce
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Alfredo Rada, rechazó el lunes la manipulación del periódico Pagina 7 que afirmó en una nota de portada, que “equipar el Palacio de Evo costará más de Bs 47,4 millones”, y calificó esa información de “malintencionada e inexacta”, con la que ese “matutino opositor” pretende “una vez más desinformar al pueblo boliviano”.
En una conferencia de prensa, afirmó que la Casa Grande del Pueblo es una edificación que renueva y moderniza la principal infraestructura del Ejecutivo después de 173 años.
“Página 7 miente una vez más cuando se refiere a ella como el Palacio de Evo y tendrá que demostrar esta información ante las instancias competentes”, subrayó.
El proceso de construcción de la Casa Grande del Pueblo
El presidente Evo Morales participó el 31 de octubre de 2014 en la firma de contrato entre el Ministerio de la Presidencia y los representantes legales de las empresa Tauro S.A. y AIC para la construcción de la Casa Grande del Pueblo, misma que se anunciaba sería entregada el 22 de enero de 2016.
“‘Por fin, tenía el compromiso de entregar la Casa del Pueblo el 22 de enero de 2015. Ahora me confirman que vamos a entregar el 22 de enero de 2016”, aseveró el mandatario de Estado en un acto desde el Palacio de Gobierno.
Para el Jefe de Estado, esta megaestructura civil representará una muestra del “Estado Plurinacional” que dejó atrás el “Palacio Colonial” no solo de forma sino en acciones concretas.
“Hemos decidido construir la casa grande del pueblo para los hermanos bolivianos (…). Este no es ningún proyecto importado, este es un proyecto hecho por bolivianos”, sentenció Morales.
Pero estamos en 2018 y todavía no ha sido inaugurado y la polémica viene de larga data.
