La defensa del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva pidió el desbloqueo de los bienes del político y de la esposa Marisa Leticia. Los pedidos fueron hechos al juez Sérgio Moro, de la 13ª Vara de la Justicia Federal en Paraná.
Por determinación de Moro, el Banco Central bloqueó R $ 600 mil de las cuentas de Lula en julio de 2017 en razón de la condena del ex presidente en el caso del apartamento triplex en la Playa de Guarujá. La medida fue tomada para la reparación de daños a Petrobras. En la ocasión, Moro definió que la confiscación de las cuentas debería mantenerse hasta que se alcanzase el monto de R $ 16 millones, cantidad que habría sido pagada en propina al Partido de los Trabajadores (PT) que integra Lula.
Según la defensa, la confiscación determinada por Moro y otro magistrado de la Justicia Federal en São Paulo habrían dejado a Lula sin recursos para costear a sus abogados. La defensa argumenta además que el bloqueo configura un impedimento al “derecho fundamental a la amplia defensa” de lo político. En la evaluación de los abogados, esas medidas serían otra demostración de la práctica de lawfare (guerra jurídica) contra Lula.
La petición destaca que hay actualmente ocho acciones contra el ex presidente, cuya defensa demanda recursos técnicos (como expertos), pago de los profesionales responsables y costas procesales. El texto cita como ejemplo las 28 audiencias judiciales de uno de los procesos, que demanda desplazamiento de los abogados. Otro caso que señala la defensa, fue la necesidad de pericias técnicas en equipamientos, como los atribuidos a la constructora Odebrecht para gestionar pagos de tasas.
“¿Cómo viabilizar esa defensa – en la extensión promovida por el texto constitucional, se insiste, si este Juicio y la Hacienda Nacional bloquearon todos los recursos del Primer Peticionario [Lula]? “A raíz del carácter frívolo de las acusaciones, propio del lawfare, ahora se pretende asfixiar la defensa por la completa ausencia de recursos?”, cuestiona el documento.
La petición dirigida a Moro argumenta también que incluso después de la extinción de la pena a Marisa Leticia en razón de su fallecimiento, permanece la confiscación del botín de sus bienes.
Otros bloqueos
El bloqueo de la Justicia Federal en São Paulo, realizado el 11 de abril de ese año, involucró valores del ex presidente, del Instituto Lula y de la empresa creada por el político para gestionar actividades de conferencias, LILS. La cantidad no fue divulgada ni por la Justicia ni por la Receita Federal. La justificación fue que Lula y las organizaciones vinculadas a él tendrían deudas fiscales.
En la ocasión, la defensa afirmó que recurriría del bloqueo por los impuestos que habrían sido pagados. El Instituto Lula comentó en la época que la medida implicaba “mucho más de lo que cualquiera de estos entes posee de recursos”.
