El documento subraya que el control absoluto de las instituciones del Estado es utilizado para proteger y premiar a funcionarios del gobierno de Ortega o de otras instituciones estatales, que pertenecen a su engranaje de poder y que son acusados o culpables de delitos graves de violación a los derechos humanos y corrupción.
El caso más reciente de impunidad frente a la corrupción es el de Roberto Rivas Reyes, quien ostenta el cargo de presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, usado para organizar y ejecutar los fraudes electorales realizados desde 2007. El pasado 21 de diciembre, Rivas Reyes fue sancionado por los Estados Unidos mediante la aplicación de la Ley Magnistky por acusaciones de corrupción, violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y la realización de reiterados fraudes electorales.
El comunicado del MRS destaca que “amén de las consecuencias de la sanción a Rivas Reyes, a quien se ha señalado ser cómplice y testaferro de Daniel Ortega, la medida es una clara señal de la falta de legitimidad y credibilidad que tienen los procesos “electorales” ejecutados por el orteguismo.
Rivas Reyes enfrenta ya, un proceso de investigación adicional en Costa Rica por participación en lavado de dinero. Su hermano, embajador de Nicaragua en ese país, ha sido relevado del cargo para protegerlo del curso de dicha acusación. La ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y miembros de las iglesias han demandado su destitución y la investigación por los delitos señalados. Sin embargo, Ortega lo ha mantenido en su cargo, cuenta con protección policial y ninguna institución del Estado ha procedido a realizar auditoría o investigación alguna. Los voceros del régimen lo han defendido con vehemencia. En una apurada reforma a la Ley Electoral aprobada el 7 de febrero por el Poder Legislativo, fue liberado de responsabilidades administrativas, pero se le mantuvieron intactas sus prebendas, salarios e inmunidad”.
Presentan denuncia contra Daniel Ortega y Roberto Rivas Reyes
Un grupo de líderes políticos integrantes del Frente Amplio por la Democracia (FAD) de Nicaragua presentó en los últimos días, en las oficinas del Ministerio Público una formal denuncia en contra de Daniel Ortega Saavedra, al frente del Poder Ejecutivo y a Roberto Rivas Reyes, que funge como presidente del Consejo Supremo Electoral. La denuncia se fundamenta en el Código Penal vigente, Ley No. 641, en su Libro Segundo, Delitos Contra La Administración Pública y Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico.
En dicha denuncia ciudadana, se pide a la Fiscal General de la República, que proceda contra ambos por los delitos de fraude y lavado de dinero, bienes o activos, debidamente tipificados en el Código Penal vigente Ley No. 641, en su artículo 454, que consignan que todo funcionario público que defraude o consienta que se defraude a cualquier instancia de la administración pública, debe ser penado con cinco a diez años de prisión e inhabilitado de ejercer cargo o empleo público por el mismo período.
Asimismo, son acusados por los delitos tipificados en el artículo 282 del mismo Código Penal, por todo tipo de transacciones y movimientos realizados con bienes, dinero o activos procedentes de actividades ilícitas, de manera directa o a través de sociedades y empresas, así como por la realización de todo tipo de acciones para encubrir el tráfico de bienes de procedencia ilícita, incluyendo servir de testaferro a otros y movilizar recursos fuera del país.
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