La mayoría de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió hace poco conceder una liminar al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva que impide su arresto hasta el juicio del mérito del habeas corpus preventivo presentado por el ex presidente a la Corte. La decisión vale hasta el 4 de abril, cuando la Corte debe volver a juzgar el hábeas corpus presentado por Lula.
La conclusión del juicio fue aplazada porque los ministros juzgaron una preliminar de la acción, hecho que tomó todo el tiempo de la sesión.
La decisión que concedió la liminar al ex presidente fue tomada porque los ministros entendieron que, por no poder concluir el juicio el jueves, Lula saldría perjudicado con la situación. La petición preliminar fue solicitada por la defensa del ex presidente ante el aplazamiento del juicio.
Y que se ha convertido en una de las más antiguas del mundo. Los ministros Edson Fachin (relator), Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux y la presidenta, Carmen Lúcia, se manifestaron en contra.
Durante el juicio, Barroso entendió que no podía ser atendido el pedido. “Considero irrelevante el hecho de que se trate de un ex presidente de la República. “Creo que tiene que ser tratado como cualquier brasileño, hay una jurisprudencia en vigor y no veo ninguna razón para la concesión de liminar”, dijo Barroso.
El ministro Gilmar Mendes acompañó la divergencia. “Es difícil imponerme simpatía por el PT, como todo el mundo sabe. Cito Ruy Barbosa: ‘Si la ley cesa de proteger a nuestros adversarios, cesa virtualmente de protegernos’, argumentó.
TRF4
Esta decisión del Supremo no impide el juicio del último recurso de Lula ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), previsto para el próximo lunes (26). Es el último recurso de Lula contra la condena a 12 años y un mes de prisión en la acción penal del triplex del Guarujá (SP), en el marco de la Operación Lava Chorro.
Después del análisis del último recurso, su arresto se puede determinar en base a la decisión del STF que autorizó en 2016 la detención de condenados por la segunda instancia de la Justicia.
Fiscal General confía en una decisión a favor de la prisión de Lula
La fiscal general de la República, Raquel Dodge, dijo hoy (22) que aún confía en que el Supremo Tribunal Federal (STF) mantenga su decisión que autorizó en 2016 la ejecución de la prisión provisional de condenados por la segunda instancia de la Justicia.
La jefa de la Fiscalía General de la República (PGR) dio una declaración a la prensa tras el juicio en el que la Corte decidió dar una liminar impidiendo la detención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región antes del día 4 de abril, cuando la Corte volverá a juzgar el caso.
Según Raquel Dodge, una decisión del STF manteniendo la prisión provisional de condenados por la segunda instancia será importante para el futuro de las investigaciones en Brasil, involucrando crimen organizado y de corrupción.
“La PGR, como todo el Ministerio Público brasileño, está confiada de que el Supremo Tribunal Federal va a mantener su decisión en repercusión general, declarando que no hiere el principio de la presunción de inocencia el inicio de la ejecución provisional de la pena, tras la decisión de tribunal que cumple el doble grado de jurisdicción “, dijo.
Comprensión
La decisión del STF de conceder liminar al ex presidente fue tomada porque los ministros entendieron que, por no poder concluir el juicio hoy, Lula saldría perjudicado con la situación. La petición preliminar fue solicitada por la defensa del ex presidente, ante el aplazamiento del juicio.
Esta decisión del Supremo no impide sin embargo el juicio del último recurso de Lula ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), previsto para el próximo lunes (26). Es el último recurso de Lula contra su condena a 12 años y un mes de prisión en la acción penal del triplex del Guarujá (SP), en el marco de la Operación Lava Jato.
Tras el análisis del último recurso, su arresto se puede determinar en base a la decisión del STF que autorizó en 2016 la detención de condenados por la segunda instancia judicial.
Agencia Brasil.-
