Este aviso también provee banderas rojas para ayudar a identificar y reportar a la FinCEN actividades sospechosas que pueden ser indicativas de la corrupción venezolana, incluyendo el abuso de los contratos del gobierno venezolano, transferencias bancarias de las corporaciones de Shell y compras de bienes raíces en el sur de la Florida y las regiones de Houston, Texas.
También FinCEN, destaca varios puntos a tener en cuenta para evitar la entrada del dinero corrupto a las instituciones financieras.
El comunicado señala que este aviso debe ser compartido con:
• Unidades de Banca Privada
• Jefe de Operaciones de Riesgo
• Jefes de Cumplimiento
• Analistas de AML / BSA
• Analistas de Sanciones
• Departamentos Jurídicos
Conocer los planes de lavado de dinero utilizados por funcionarios corruptos venezolanos puede ayudar a las instituciones financieras a diferenciar entre transacciones ilícitas y legítimas e identificar y reportar las transacciones involucrando sospechas de que los productos de la corrupción sean retenidos o movidos por sus clientes, relaciones bancarias.
De acuerdo con un enfoque basado en el riesgo, sin embargo, las instituciones financieras deben ser conscientes de que las transacciones comerciales normales y otras transacciones que involucran a nacionales y negocios venezolanos no representan necesariamente el mismo riesgo que las transacciones y relaciones identificadas como relacionadas con el gobierno venezolano, Empresas estatales venezolanas (SOEs) involucradas en corrupción pública que exhiben las banderas rojas a continuación u otras indicaciones similares.
Corrupción Pública en Venezuela
Venezuela se enfrenta a graves circunstancias económicas y políticas debido a la ruptura del orden democrático y constitucional por parte del gobierno y sus opciones políticas. La corrupción endémica, como la vista en Venezuela, puede dañar aún más su crecimiento económico y estabilidad. Esta corrupción, particularmente relacionada con los contratos y recursos gubernamentales, también puede privar a las poblaciones de su riqueza; interferir con los esfuerzos para promover el desarrollo económico; desalentar la inversión privada; y fomentar un clima donde los crímenes financieros y otras formas de anarquía pueden prosperar.
En los últimos años, las instituciones financieras han reportado a FinCEN sus sospechas con respecto a muchas transacciones sospechosas de estar vinculadas a la corrupción pública venezolana, incluyendo contratos gubernamentales. Sobre la base de estos informes y otras informaciones, todos los organismos y organismos gubernamentales venezolanos, incluidas las empresas estatales, parecen vulnerables a la corrupción pública y al lavado de dinero. El gobierno venezolano parece usar su control sobre grandes partes de la economía para generar una riqueza significativa para los funcionarios gubernamentales y ejecutivos de la SOE, sus familias y asociados. En este sentido, existe un alto riesgo de corrupción involucrando a funcionarios y empleados del gobierno venezolano en todos los niveles, incluyendo a aquellos que manejan o trabajan en empresas estatales venezolanas.
Acciones de sanciones recientes
El 13 de febrero de 2017, la Oficina del Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Vicepresidente venezolano Tareck El Aissami por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes de conformidad con la Ley de Designación de Pandillas Extranjeras. El mismo día, la OFAC también designó a su jefe, Samark López Bello, para ayudar materialmente a El Aissami y actuar en su nombre. Sus designaciones interrumpieron su capacidad de blanquear productos ilícitos, y cientos de millones en activos asociados con López Bello han sido bloqueados desde entonces. El 8 de marzo de 2015, el Presidente de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva 13692 que bloquea la propiedad y suspende la entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela. EO 13692 autoriza al Secretario de Hacienda a designar a personas, entre otras cosas , involucradas en corrupción pública por altos funcionarios dentro del Gobierno de Venezuela o personas que han asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios a las personas designadas o en apoyo de ellas. El 25 de agosto de 2017, el Presidente de los Estados Unidos emitió la EO 13808 imponiendo sanciones adicionales que prohíben ciertas actividades de endeudamiento, equidad y desembolso de dividendos con el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA ).
Las designaciones de la OFAC aumentan la probabilidad de que otras figuras políticas venezolanas no designadas puedan tratar de proteger sus activos, incluidos aquellos que puedan estar asociados con la corrupción política, para evitar futuras acciones de bloqueo.
Corrupción del Gobierno Venezolano – Banderas Rojas
Agencias Gubernamentales Venezolanas y Empresas Estatales
Las transacciones que involucran a agencias gubernamentales venezolanas y empresas estatales, en particular aquellas que involucran contratos gubernamentales, pueden ser potencialmente usadas como vehículos para mover, lavar y ocultar los productos corruptos malversados. Las empresas estatales (así como sus funcionarios) pueden tratar de utilizar el sistema financiero estadounidense para trasladar u ocultar el producto de la corrupción pública. Entre las empresas públicas mencionadas en las recientes designaciones de la OFAC relacionadas con Venezuela figuran el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Suministros Venezolanos Industriales, CA (SUVINCA), el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CANTV) Corporation (CORPELEC), Banco Económico y Social de Venezuela (BANDES) y entidades estatales similares. A medida que las instituciones policiales y las instituciones financieras aumentan el escrutinio de las transacciones que involucran a las empresas estatales venezolanas, los funcionarios corruptos pueden tratar de canalizar los ingresos ilícitos a través de empresas estatales menos conocidas o recién creadas o empresas afiliadas.
El papel de los controles de divisas
Los controles de divisas en Venezuela limitan el suministro de dólares estadounidenses para la mayoría de las actividades económicas, lo que estimula la demanda de divisas y mercancías de contrabando en el mercado paralelo. Aunque ilegal, el mercado paralelo de Venezuela es un negocio altamente rentable para aquellos con conexiones de régimen que les permiten acceder a dólares y bienes económicos. [4] Este mercado paralelo depende de corredores no regulados, cuyos clientes a menudo incluyen criminales que integran los ingresos ilícitos en la economía legal. Los funcionarios venezolanos que reciben un acceso preferencial a dólares estadounidenses a un tipo de cambio oficial más favorable, también explotan el sistema de tipos de cambio de múltiples niveles para obtener ganancias.
Las banderas rojas indicadas a continuación, que se derivan de la información disponible para la FinCEN (incluida la información sobre actividades sospechosas), la información publicada asociada a las designaciones de la OFAC y otros informes públicos, pueden ayudar a las instituciones financieras a identificar los programas sospechosos de funcionarios corruptos, para canalizar la corrupción, a menudo involucrando contratos o recursos gubernamentales, a través de transacciones que involucran a empresas y subsidiarias venezolanas:
Contratos del gobierno : Los funcionarios corruptos pueden usar contratos con el gobierno venezolano como vehículos para malversar fondos y recibir sobornos. A este respecto, algunos indicadores financieros pueden incluir:
· Transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano dirigidos a cuentas personales.
· Transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano dirigidos a empresas que operan en una línea de negocios no relacionada (por ejemplo, pagos para proyectos de construcción dirigidos a comerciantes textiles).
· Transacciones que impliquen contratos del gobierno venezolano que se originan con, o están dirigidas a, entidades que son corporaciones de shell, “compañías comerciales” generales o compañías que carecen de un propósito comercial general.
Los miembros del régimen y sus aliados dirigen contratos gubernamentales a sus empresas asociadas para importar bienes y obtener la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para empresas con domicilio en el extranjero, a menudo empresas con escudo, para participar en la actividad de importación. [5] Tanto los importadores como los funcionarios del gobierno receptor suelen desviar una parte de la mercancía hacia el mercado negro, donde las ganancias son mayores.
Documentación corroborando transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano (por ejemplo, facturas) que incluyen cargos a precios sustancialmente más altos que los del mercado o que incluyen documentación demasiado simple o carecen de detalles tradicionales (por ejemplo, valuaciones de bienes y servicios). Los funcionarios venezolanos que reciben un acceso preferencial a dólares estadounidenses a un tipo de cambio oficial más favorable pueden explotar este sistema de tipos de cambio multinivel con fines de lucro.
· Pagos relacionados con contratos del gobierno venezolano originados en cuentas venezolanas no oficiales, particularmente cuentas ubicadas en jurisdicciones fuera de Venezuela (por ejemplo, Panamá o el Caribe).
Los negocios de exportación en el sur de la Florida que se especializan en el envío de mercancías a Venezuela son particularmente vulnerables a los esquemas de lavado de dinero basados en el comercio (TBML). Estos incluyen negocios que envían equipos pesados, autopartes y productos electrónicos (teléfonos celulares y otros aparatos) desde Florida a Venezuela.
· Pagos que involucren contratos del gobierno venezolano que se originan de terceros que no son entidades gubernamentales oficiales venezolanas (por ejemplo, compañías de depósito).
Los informes públicos indican que el uso de terceros, o corredores, para tratar con entidades gubernamentales es común en Venezuela y es una fuente significativa de riesgo. Los corredores, en particular cuando están en connivencia con funcionarios gubernamentales corruptos, pueden facilitar las transacciones en el extranjero de una manera que elude los controles monetarios y enmascara los pagos de las empresas estatales.
· Depósitos en efectivo en lugar de transferencias bancarias en las cuentas de empresas con contratos del gobierno venezolano.
Además, otras banderas rojas financieras observadas en transacciones sospechosas de involucrar la corrupción del gobierno venezolano incluyen:
· Las transacciones para la compra de bienes raíces -principalmente en las regiones del sur de la Florida y Houston, Texas- involucran a funcionarios gubernamentales, familiares o asociados venezolanos o actuales, que no sean proporcionales a sus salarios oficiales.
· Funcionarios corruptos del gobierno venezolano tratan de abusar de las unidades de administración de patrimonio de un banco estadounidense o extranjero mediante el uso de transacciones financieras complejas para mover y esconder la corrupción.
Opinión
