La secretaria del Área de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, de la que depende la secretaria ejecutiva de Violencia de Género, Susana Ros, han pedido que en el caso de Juana Rivas, -la mujer que está escondida y se niega a entregar a sus hijos a un padre maltratador- “prevalezca el interés superior de los dos menores” , aludiendo a lo recogido en el Convenio de Estambul de 2011 ratificado por España y las recomendaciones de las Naciones Unidas al Estado Español en 2014, en el Dictamen CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) en el que recomienda “tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos”
Ambas dirigentes consideran que el Estado debe garantizar el interés superior del menor como contempla el ordenamiento jurídico y por tanto piden que se tomen las decisiones más adecuadas para ello; “las medidas que se pongan en marcha deben tener como objetivo la protección por parte del Estado de los dos menores implicados en este caso”.
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