En otra interpretación aberrante, el TSJ contestó que la Sala constitucional se declara competente para conocer del recurso, pese a ser de está Sala la mayoría de los magistrados acusados.
La resolución del TSJ
La Sala Constitucional se declaró competente para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su carácter de Fiscal General de la República, contra el Acuerdo emanado de la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816 de la misma fecha; recurso que fue declarado inadmisible por haber operado la cosa juzgada.
Ello por cuanto sobre la constitucionalidad del acto parlamentario dictado por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, en el cual fueron designados y juramentados Magistrados y magistradas para llenar las vacantes en este Alto Tribunal, ya se pronunció con anterioridad la Sala Constitucional en sentencia N° 614 del 19 de julio de 2016, cuya copia certificada le fue entregada a la Fiscal General de la República el 4 de agosto de 2016.
En la sentencia N° 614 antes indicada, la Sala Constitucional declaró que “CUALQUIER COMISIÓN U OTRO ARTIFICIO O ACCIÓN QUE TENGA EL OBJETO DE ANULAR LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS, SUBVIERTE EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL PARA LA REMOCIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y, POR LO TANTO, ES ÍRRITO Y NULO DE TODA NULIDAD y carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda”.
El presidente del TSJ
El nada creíble organismo es presidido por el magistrado Maikel Moreno, un chavista que cuenta con un frondoso prontuario:
Maikel José Moreno Pérez, un ex funcionario policial condenado por el asesinato de una joven en el Estado de Bolívar en 1987, mientras era miembro de la temible policía política venezolana, ha sido designado este viernes por el régimen de Nicolás Maduro, como Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sustitución de la también chavista, Gladys Gutiérrez Alvarado.
El oscuro pasado de Moreno Pérez, se refleja en su prontuario donde destaca que en 1987 fue condenado y enviado a la cárcel por ese asesinato y solo llegó a estar dos años en prisión por este crimen, viéndose beneficiado por un artilugio procesal, salió en libertad y volvió a ocupar su cargo policial.
Nuevamente en 1989 Maikel Moreno Pérez, aparece involucrado en el homicidio de Rubén Gil Márquez, un hecho ocurrido en Caracas. No se pudo demostrar su culpabilidad, pero fue dado de baja de su cargo de oficial de seguridad.
En 1990 le consiguieron trabajo en el Poder Judicial y logró graduarse como abogado en la Universidad Santa María en 1995.
Se acercó al chavismo y allí comenzó, junto a Hugo Chávez y luego a Maduro, su ascendente carrera judicial, por su afán casi obsesivo por encarcelar a opositores.
Según informa El Nuevo Herald, la carrera de Moreno como juez se vio interrumpida en el 2007, bajo acusaciones de haber recibido sobornos para ordenar la liberación de los acusados en el caso de asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.
Tras ser destituido, el entonces canciller Nicolás Maduro lo designó como funcionario diplomático en la embajada de Venezuela en Roma.
Ya en el 2014, fue nombrado magistrado del TSJ por una Asamblea Nacional que entonces estaba totalmente controlada por el chavismo.
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