Venezuela debe permitir protestas pacíficas e investigar el asesinato de manifestantes, dice la ONU

El Gobierno de Venezuela debe facilitar las protestas pacíficas e investigar adecuadamente las muertes de al menos 26 personas en recientes manifestaciones, según un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
“Estamos gravemente preocupados por las denuncias de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas, así como detenciones arbitrarias y asesinatos”, dijeron los expertos.
“Tales actos constituirían graves violaciones de los derechos a la vida, no serían privados arbitrariamente de la libertad, libertad de reunión pacífica y libertad de expresión”, agregaron.
Cientos de personas también resultaron heridas y más de 850 personas fueron arrestadas en las protestas, que comenzaron en 2015 en un contexto de conflictos económicos y sociales.
Las manifestaciones se intensificaron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia del país emitiera el mes pasado la decisión de asumir los poderes legislativos de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La decisión fue revertida más tarde, pero las protestas han continuado.
“Las tensiones políticas son altas en este momento, y la opinión pública se ve fuertemente dividida, pero esto es precisamente cuando los gobiernos deben hacer más para proteger los derechos de las personas”, subrayaron los expertos.
“El pueblo de Venezuela necesita espacio para un diálogo pacífico y constructivo – entre sí y con sus líderes”.
Los expertos llamaron la atención sobre una nueva medida que introdujo una respuesta militar automática a las manifestaciones. La medida, que entró en vigor en abril de 2017 y conocido como el Plan Zamora, también pide a grupos de civiles armados y policías que ayuden.
“La respuesta cada vez más militarizada es contraproducente porque sólo aumenta las tensiones y aumenta el riesgo de lesiones y muerte. Las manifestaciones pacíficas deben ser facilitadas, no tratadas como una amenaza inherente a la seguridad “, dijeron los expertos de la ONU.
“Las manifestaciones deberían ser administradas normalmente sin recurrir a la fuerza. Cualquier uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario y proporcional a una amenaza específica. Las manifestaciones pacíficas, en sí mismas, no son una amenaza. Institucionalizar el uso de una respuesta militarizada sugiere que el Gobierno piensa lo contrario “.
Los expertos señalaron que los grupos paramilitares también habían utilizado la fuerza para suprimir las manifestaciones, uniéndose ocasionalmente a las autoridades uniformadas.
En el estado de Lara, los paramilitares mataron a tres manifestantes. En 16 otros estados, se ha informado de grupos armados que provocan y acosan a los manifestantes con el apoyo de las autoridades estatales.
“El Gobierno venezolano tiene la obligación de investigar estos asesinatos, y de llevar a los autores a la justicia”, dijeron los expertos. “Y si los grupos paramilitares están de hecho cooperando con agentes del Estado, entonces el Gobierno tiene la obligación de llevar a esos actores estatales a la justicia también”.
Los expertos en derechos humanos de la ONU también criticaron la creciente criminalización de las protestas en Venezuela y el uso por parte de los funcionarios gubernamentales de medios de comunicación para estigmatizar a los manifestantes de la oposición como terroristas apoyados por extranjeros.
(*) Expertos: Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ; Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación ; Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ; Y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria .
Los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo. Los titulares de mandatos de Procedimientos Especiales son expertos independientes de derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de cada país o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. No son funcionarios de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización. Sirven en su capacidad individual y no reciben un salario por su trabajo.