Chile: ingreso per cápita pasó desde US$ 5.839 en 1990 a US$ 24.112 en 2015

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El Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Luis Felipe Céspedes destacó los avances que ha tenido el país en materia económica desde el retorno a la democracia tras la caída del dictador Augusto Pinochet asegurando que el ingreso per cápita de chileno pasó desde US$ 5.839 en 1990 a US$ 24.112 en 2015, mientras que en Latinoamérica saltó desde US$ 6.378 a US$ 15.358 en el mismo lapso.
“Debemos ser capaces de reconocer que el nuestro es un país que ha avanzado de manera significativa desde el retorno a la democracia. Hemos sido capaces de ir generando mayores grados de prosperidad”, afirmó.
Las declaraciones las realizó el representante de gobierno en el marco de la entrega de la Cuenta Pública 2016 de la cartera, donde instó  a reconocer cuánto se ha progresado sin desconocer las brechas que aún existen para generar más igualdad en la economía y la sociedad.
“El país lo hemos ido construyendo entre todos bajo la lógica de avanzar en conjunto. Nosotros no somos de los que creemos que el país cada cuatro años se hace de nuevo, sino que tenemos que avanzar de manera gradual, constructiva y propositiva”, señaló.
En esta línea Céspedes valoró la puesta en marcha de la Agenda de Productividad Innovación y Crecimiento que contempló 47 medidas para fomentar e impulsar la productividad de sectores claves del país en base a la diversificación y sofisticación de la estructura productiva, atracción de inversiones, mayor competitividad para las pymes, democratización del emprendimiento y la innovación, y mejores mercados.
Ante esto especificó que a la fecha se han llevado adelante más de 840 iniciativas para el desarrollo de sectores priorizados, con un total de US$ 1.000 millones en recursos privados apalancados, y $ 200 mil millones en financiamiento público aprobado.
Así mismo el Ministro Céspedes afirmó que para contar con mejores mercados es clave que funcione la libre competencia. En ese sentido valoró la Nueva ley de Libre Competencia, que criminaliza la colusión, establece multas disuasivas, revisa las fusiones, y entrega mayores herramientas a la Fiscalía Nacional Económica.