Quito, (Andes) – La ministra coordinadora de Desarrollo Social de Ecuador, Gabriela Rosero, hizo una evaluación de las acciones del Gobierno en ese ámbito de acción tras el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter que sacudió al país el 16 de abril de 2016, causando un mayor impacto en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas.
En lo humano, el sismo dejó 671 personas fallecidas. En lo material, el terremoto causó un decrecimiento de siete puntos en la economía nacional y pérdidas por 3.300 millones de dólares.
Además de las pérdidas humanas, la tragedia dejó huellas emocionales, dijo Rosero en entrevista con ANDES.
Contó que una de las prioridades fue salvar la mayor cantidad de vidas, luego ordenar e instalar los albergues en las mejores condiciones para acoger a los damnificados (12.500 personas), y simultáneamente dotar de seguridad, atención de salud y alimentación.
La instalación de 27 albergues significó aplicar un modelo de gestión, por primera vez en el país (el terremoto fue el peor de los últimos setenta años), por lo que queda como una lección aprendida, sostuvo la ministra.
Esto porque implicó el trabajo conjunto entre varios estamentos estatales: el Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros.
“Había que atender problemas de las familias, y con el tiempo también significó evitar violencia, proteger de la mejor forma a niños y niñas en los albergues; atender la alimentación, evitar la desnutrición, evitar muertes de mujeres mientras daban a luz. Significó para el sector social un desafío la implementación coordinada de estas acciones”, expuso.
Según datos proporcionados por la ministra Rosero, luego del terremoto se atendió en los albergues a 9.630 personas. En la actualidad, se mantienen 3.612 personas en 15 albergues que el Gobierno espera cerrar hasta fin del presente año.
Dentro de las acciones gubernamentales, se implementó un mecanismo de bonos acogida, alimentación y de arrendamiento para que las personas afectadas trataran de vivir en un ambiente distinto al de los albergues. También se activaron bonos de vivienda y de reconstrucción. Paralelamente, se hizo acompañamiento emocional y psicológico entre Gobierno, organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional.
En el marco de las acciones oficiales, también se debió realizar talleres para los funcionarios de Gobierno que les correspondió trabajar en las zonas afectadas y que, en muchos casos, también habían perdido sus viviendas o familiares.
Otra particularidad, es que por primera vez se implementó en Ecuador el Registro Único de Damnificados, otro aprendizaje que deja el terremoto para el país andino, que permitió identificar a los damnificados y canalizar de una manera más eficiente la ayuda estatal.
La ministra Rosero también reconoce que en el camino hubo errores, uno de ellos es –en una primera instancia- la focalización de la ayuda. Eso porque en un inicio se inscribieron como damnificados 382 mil personas, no todas afectadas por el terremoto.
Otra experiencia de la cual se espera sacar lecciones es el tema de reasentamientos que, en el caso del terremoto, tomó seis meses identificar los terrenos para ubicar a los afectados, relató la funcionaria.
Dijo que esperan al terminar el actual periodo de Gobierno entregar el 65% de las soluciones habitacionales proyectadas. En materia de vivienda, el Gobierno proyectó la construcción de 45 mil soluciones habitacionales. 22 mil están ya finalizadas, 11.500, en ejecución, y otras 11.200 serán construidas hasta fin de año.
De los 3.500 millones de dólares que el Gobierno ha avaluado los costos de la reconstrucción, el 27% (912 millones) están orientados al sector social, informó Rosero.
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