El gobierno de Costa Rica aprobó la legislación para cumplir los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa introducirá medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a sectores no financieros conocidos como APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas).
Entre las APNFDs están los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes que son considerados especialmente vulnerables y pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero.
“La formulación de estrategias eficaces de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, demanda la identificación y atención de aquellas actividades, sectores y operaciones que resultan vulnerables para legitimar capitales. Los estándares internacionales nos exigen emitir legislación y controles para prevenir estos delitos”, afirmó Guillermo Araya, Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en un comunicado de prensa emitido por el gobierno de Costa Rica.
De la misma forma trascendió que la iniciativa legislativa incluye la supervisión de los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero y establece el marco sancionatorio, en aras de que las autoridades supervisoras cuenten con sanciones proporcionales y disuasivas. Asimismo instaura la necesidad de publicar la lista de sanciones aplicadas con el fin de que el riesgo reputacional represente una herramienta disuasoria efectiva.
GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones miembros del G8. Su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales.
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