Un punto del real decreto, establece que las autoridades portuarias asumirán la indemnización de los estibadores despedidos. Esta medida puede tener un coste de hasta 350 millones de euros para el Estado y entrará en vigor cuando la Comisión Europea le otorgue el visto bueno.
El Consejo de Ministros de España, ha escuchado un informe del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre el Real Decreto-ley de la estiba, aprobado el pasado 24 de febrero.
De la Serna se ha referido en la reunión del Gobierno a la carta remitida por la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, en la que señala que el Decreto-ley asegura el cumplimiento pleno de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España por entender que su régimen de estiba es contrario a la libertad de establecimiento. En la misiva, Bulc se compromete a que, una vez convalidada la norma por las Cortes, la Comisión remitirá un escrito al Tribunal solicitando la conclusión del procedimiento.
Méndez de Vigo ha instado a la patronal y los sindicatos a que alcancen un acuerdo en el marco de la negociación colectiva: “Si hay voluntad de las partes, estamos convencidos de que es perfectamente posible el mantenimiento del empleo, y el Gobierno está dispuesto a ayudar en esta materia”. El Ejecutivo, ha añadido, está dispuesto a dar más tiempo para que el acuerdo sea posible.
El portavoz del Ejecutivo ha recordado que, de no lograrse la convalidación, España se enfrentaría a una multa de 21 millones de euros. Además, desde que haya una sentencia por no haberse ejecutado la resolución del Tribunal -“y puede recaer en cualquier momento”, ha apuntado Méndez de Vigo-, habrá que abonar 134.000 euros al día, “que tendríamos que pagar todos los españoles”. El ministro ha apelado a la responsabilidad de los partidos políticos y ha apuntado que la propia comisaria comparecerá ante una Comisión Mixta de la Unión Europea y Fomento el próximo martes en el Congreso de los Diputados.
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