Ecuador: Rafael Correa pide pruebas de los sobornos de Odebrecht a funcionarios de su gobierno

El gobierno de Ecuador expresó este lunes en un comunicado, que no aceptará “sin pruebas” las acusaciones de altos directores de Odebrecht sobre sobornos de la empresa brasileña a funcionarios gubernamentales del Ecuador por 33,5 millones de dólares, para obtener contratos de obras de estructura del Estado.
Según ha informado la agencia estatal de noticias Andes, el gobierno dijo que “Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio”, dice un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación (Secom).
El presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, expulsó a la firma brasileña en 2008 por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. La medida generó la reacción de Brasilia, que llamó a consultas a su embajador entre noviembre de 2008 y enero de 2009.
Tras un acuerdo, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador, donde el “único” contrato vigente que tiene actualmente es la construcción de la segunda fase del metro de Quito por U$A 1.538 millones, según el comunicado.
El Departamento de Justicia estadounidense reveló el pasado miércoles que Odebrecht pagó entre 2007 y 2016 unos U$A 33,5 millones a funcionarios oficiales de Ecuador y que la firma encontró problemas con la aprobación de proyectos en 2007 y 2008.
A raíz de la revelación, en el marco de la investigación abierta a pedido del gobierno, la Fiscalía allanó las oficinas de Odebrecht en la ciudad de Guayaquil.
Además, el fiscal general, Galo Chiriboga, pidió información del caso a Estados Unidos, Suiza y Brasil para profundizar las investigaciones.
“Podemos sostener con firmeza que jamás hemos permitido ningún perjuicio al país. Si ha habido comportamientos personales inapropiados somos los primeros en querer identificar a los responsables”, expresó el gobierno ecuatoriano.