Hace un año, cuatro policías militares efectuaron 111 disparos, 63 de los cuales alcanzaron un coche con cinco jóvenes, en la zona norte de Río de Janeiro. Todos murieron. Los amigos Wesley Castro Rodrigues, de 25 años, Carlos Eduardo da Silva de Souza y Roberto de Souza Penha, de 16 años, Wilton Esteves Domingos Júnior, de 20 años, y Cleiton Corrêa de Souza, de 18 años, salieron la noche del 28 de noviembre de 2015 a festejar el primer sueldo de Roberto de Souza como ayudante en un supermercado.
Los expertos constataron que ningún disparo fue efectuado desde el interior del coche de los muchachos, lo que difiere de la versión de los policías, quienes afirman que se produjo un intercambio de disparos. Familiares de los jóvenes protestaron este lunes (28) frente al Tribunal de Justicia de Río, en la zona céntrica de la ciudad, contra el retraso del juicio a los acusados del crimen.
Operaciones policiales letales
Datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP) señalan que 2016 será el tercer año consecutivo de alza en la tasa de homicidios derivados de operaciones policiales. De enero a septiembre de este año, según el último informe del instituto, llegó a 634 el número de personas muertas por policías en el estado, frente a 517 en el mismo período del año anterior. Solo en la capital, se registraron 332 muertes de ese tipo hasta septiembre, contra 260 durante el mismo período de 2015. En todo el año pasado, se contabilizaron 307 homicidios derivados de operaciones policiales.
En la opinión de João Trajano Santo-Sé, investigador en el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Departamental de Río de Janeiro (Uerj), el número de asesinatos de ese tipo, casi siempre de jóvenes negros y pobres, se ve respaldado por órganos estatales, que no castigan a los responsables, e incluso por la sociedad misma.
“Este tipo de conducta debe tener una consecuencia, porque hoy por hoy no hay ninguna. Si salgo a la calle tenso, indignado y ultrajado porque no he recibido mi salario, y mato a un joven negro y pobre, mi conducta no tiene consecuencias porque soy un policía”, argumentó Trajano. “Para que tenga consecuencias, basta con que se aplique la ley. También necesitamos mecanismos más serios e independientes de investigación y obtención de pruebas. Los órganos encargados de investigar los crímenes y emitir informes periciales, por ejemplo, no pueden estar vinculados a la policía”.
De acuerdo con el experto, la impunidad hace que la policía sea un vector de violencia letal e instrumento de guerra, en lugar de un cuerpo de seguridad. “Esa cultura institucional es reforzada y legitimada por parte de la opinión pública y por instituciones del Estado que deberían imponer restricciones. La policía aprieta el gatillo, pero esa acción se ve reforzada por varios actores. La permisividad y el desprecio por la vida atraviesan toda la sociedad”, dice el investigador.
Subrayó que cuando las llamadas Unidades de Policía Pacificadora empezaron a implantarse en 2011, las tasas de homicidios alcanzaron sus niveles más desde el año 2000, lo que muestra que el cambio de la lógica del conflicto a una lógica de aproximación provocó la reducción de la violencia.
Pendientes de juicio
Aún pendientes de juicio, los policías fueron arrestados al día siguiente del crimen, pero fueron puestos en libertad en junio de este año, gracias a un habeas corpus. Dos meses más tarde, volvieron a ser encarcelados debido a una apelación de la Fiscalía de Río de Janeiro.
Tres de los policías están acusados de intento de homicidio agravado, posesión de arma de fuego con numeración alterada y de estafa procesal al poner un arma en la mano de una de las víctimas y otra al lado de una de las ruedas del coche.
El coche de policía que usaban los agentes acusados no tenía ninguna cámara, como requiere la ley. Otros dos muchachos, amigos de las víctimas, que los acompañaban en una motocicleta, sobrevivieron y fueron testigos del episodio.
La Secretaría de Estado para Seguridad informó, por medio de un comunicado, que inversiones para reducir las tasas de homicidio causados por oposición a la intervención de la policía llevaron a una caída en esa tasa, que era de 1.330 personas muertas por policías en 2007. Aún según la secretaría, desde entonces, más de 2 mil policías fueron expulsados del cuerpo por desviaciones de conducta y abuso de autoridad.
Familiares protestan
Los padres de las víctimas se reunieron y pidieron que la muerte de sus hijos, bien como de otras víctimas de la policía, no se olvide ni quede impune, en que se investiga la acción de la policía militar. Fue a través de uno de los 63 agujeros en la carrocería del coche que Adriana Pires da Silva vio el cuerpo de su hijo en el asiento trasero. Hace un año, 11 de 111 disparos efectuados por la policía alcanzaron a Carlos Eduardo Silva de Souza, de 16 años. Su madre no pudo soportar el dolor de ver a su hijo y a los cuatro amigos muertos.
“Fue el peor día de mi vida. Tengo 37 años y creo que no hay ni habrá en mi vida un día peor que ese”, dijo Adriana Pires durante la manifestación que los familiares de las víctimas realizaron frente al Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.
Jorge Roberto Lima da Penha, padre de Roberto de Souza, que celebraba su primer sueldo, relata como vio la madre del adolescente hundirse más y más en la depresión hasta que, en agosto de este año, se murió.
“Nuestra protesta es contra la lentitud del poder judicial. Ha pasado un año”, criticó. “La familia y la sociedad están a la espera de la sentencia condenatoria”.
Agencia Brasil
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