Las arbitraridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, presidido por la magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, ya son delitos de lesa humanidad.
El organismo judicial que debería ser independiente, en realidad actúa como el brazo ejecutor del régimen chavista, violando la Constitución, dejando en estado de indefensión al pueblo venezolano al permitir las atrocidades que el gobierno de Maduro comete.
El TSJ viola en reiteración real, los derechos humanos permitiendo que sigan en prisión y en deplorables condiciones, personas que no han cometido delitos y que sobreviven a duras penas con cargos inventados como se ha demostrado en el caso de Leopoldo López, cuyo fiscal acusador debió huir del país, luego de reconocer que las pruebas en contra del líder opositor eran falsas.
Gladys Gutiérrez Alvarado, una oscura magistrada cuya tesis doctoral fue “otorgada” en España por una mesa de “profesores” integrada por algunos miembros del partido prochavista español Podemos, aliado al régimen, es capaz de cometer las mayores atrocidades para servir a su jefe Nicolás Maduro y al “presidente en las sombras” que es Diosdado Cabello.
Ya ni siquiera se preocupan en disimular y Maduro y Gutiérrez Alvarado inventan decretos y leyes para violar la Carta Magna como el caso de los Presupuestos para 2017, donde el obsecuente Tribunal Supremo le dio permiso al presidente chavista para no enviarlos al Parlamento como exige la ley para su aprobación.
Con este atropello se violan al menos siete artículos de la Constitución venezolana.
Los artículos violados por el ya régimen de facto, son los siguientes: 187, 311, 312, 313, 314 y 315. Tampoco se cumple el artículo 203, que dictamina que el presidente solamente puede firmar decretos leyes dentro de los poderes habilitantes que deben ser aprobados previamente por la Asamblea Nacional hoy con mayoría opositora.
La falta de garantías individuales, la persecución de quienes piensan diferente, los atropellos a la ciudadanía, que no tiene derecho a defenderse con armas legales, han hecho que ya no exista la democracia en el país.
Las muertes violentas que el Estado trata de hacer creer son responsabilidad de la oposición, son en realidad propiciadas por la intolerancia del régimen que ni siquiera reconoce la grave crisis alimentaria que ha gestado con su brutalidad y su falta de sensibilidad.
La Corte Penal Internacional debería estudiar estos casos en profundidad para determinar si existen responsabilidades penales para actuar en consecuencia y condenar a los culpables.
Cuando se recupere la democracia en Venezuela, los serviles del régimen del oprobio deberán responder ante la Justicia y no tendrán donde esconderse.
Opinión
