El Consejo de Ministros de España, ha analizado un informe sobre el Plan Presupuestario y de Acción Efectiva en los horizontes 2016 y 2017 que será enviado en los próximos días a Bruselas.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que la Comisión Europea recomendó el pasado mes de marzo que se adoptaran una serie de medidas para garantizar la corrección del déficit, haciendo hincapié en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurar los objetivos de déficit tanto del Estado como de las administraciones territoriales.
Sáenz de Santamaría ha explicado que, en respuesta a esta recomendación, el Ejecutivo enviará a Bruselas el Informe de Acción Efectiva que resume las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del 4,6% del déficit en el año 2016. “En particular -ha dicho- exponemos las medidas que se han llevado a cabo en cumplimento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de las Comunidades Autónomas”.
En el informe también figura el acuerdo de no disponibilidad de gasto acordado a mediados de año y el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016. Asimismo, incluye el Decreto-ley de reforma del Impuesto de Sociedades, en vigor desde el pasado 30 de septiembre, y que, según ha apuntado la vicepresidenta, “se convalidará en el Congreso el próximo 20 de octubre.”
Sáenz de Santamaría ha añadido que el documento que se remitirá a Bruselas recoge la preparación de la transposición de las Directivas de la Unión Europea sobre contratación pública, a la espera de la aprobación como proyecto de ley. Se trata de un texto muy ultimado que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para dar publicidad a determinados contratos negociados, que hasta la fecha no era exigida pero que ahora tiene que ser incluida.
El informe analizado hoy recoge, asimismo, el Plan Presupuestario. La vicepresidenta ha recordado que el Ejecutivo en funciones no puede enviar a Bruselas el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que mandará “un presupuesto prorrogado, sin cambios de política, que supone la continuación del presupuesto y de las medidas adoptadas en 2016, previa advertencia de que será el nuevo Gobierno, en su caso, el que tenga que aprobar los Presupuestos y llevar a cabo los cumplimientos correspondientes al año 2017”.
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