Hasta ahora, solo cuatro reos, tres policías militares y un guardia civil, fueron denunciados a la Justicia Departamental por homicidio doloso y se encuentran detenidos, aunque la justicia aún no determinó si serán juzgados por un jurado popular o si el procedimiento será archivado. Todos niegan ser autores de los delitos.
En una entrevista con Agência Brasil, Marcelo Oliveira, a quien la Defensoría Pública ha encargado como asistente de la fiscalía en el caso, informó que pedirá a la jueza responsable del caso enjuiciar a los acusados. “Voy a exponer las razones por las que el Ministerio Público defiende que sean sometidos a juicio por el Tribunal del Jurado”, dijo.
Si la magistrada acepta el pedido, el caso se tramitará por el procedimiento de jurado popular. Según prevé Oliveira, la decisión deberá ser emitida dentro de unos tres meses.
Para el fiscal, el desafío será convencer a los jurados, ya que en Osasco se observa una tendencia histórica en absolver a policías militares porque “la sociedad tiende a considerar tolerable ese tipo de conducta, pues se estaría matando a delincuentes”.
El promotor resalta, sin embargo, que algunas de las víctimas no tenían ninguna relación con el delito.
Indemnización
Además del proceso que tramita en la justicia, la Defensoría Pública presentó el último jueves (11) a la Fiscalía General del Estado de São Paulo solicitudes de indemnización a las familias de las víctimas.
En un comunicado, la defensoría declaró que “dará continuidad a las negociaciones para obtener las reparaciones con miras a evitar la judicialización de esos casos”.
“Espero que la Justicia escuche a esas familias, pues lo que hicieron fue una atrocidad. Mataron sin ningún motivo. Apenas llegaron y mataron. No veo ninguna razón para que hayan hecho tal barbaridad, tal atrocidad. No lo puedo entender, pero creo que la justicia tiene que escucharnos, tiene que remediar el daño que causaron”, dijo Aparecida Assunção, madre de Leandro Pereira Assunção, de 36 años, asesinado mientras estaba sentado en un bar, en Osasco. Era padre de tres hijos, tenía a un hermano de 18 años, vivía con su madre y trabajaba como mecánico industrial. Hacía un mes que su padre había muerto. “Hay una familia detrás de todo eso. Cuando mataron a nuestro hijo, nos mataron también. Acabaron con nuestras vidas”, dijo Aparecida con la voz estrangulada.
Deivison Lopes Ferreira, de 26 años, residente de Osasco, fue asesinado por la espalda, después de recibir ocho disparos, y murió al instante. Uno de los disparos alcanzó la nuca del muchacho, que trabajaba temporalmente en un galpón de carga. El joven tuvo la misma suerte que su padre, asesinado cuando Deivison tenía 9 años. La investigación, a la época, no encontró culpables y el crimen quedó sin resolver. “Yo socorrí a mi padre después que lo balearon. Años después, le pasa lo mismo a mi hermano. Ya no sé qué es lo peor que me podría pasar”, contó Henrique, hermano de Deivison.
Defensa
Todos los acusados de la masacre niegan estar implicados en el crimen. El policía militar Emmanuel Eleutério afirmó que se encontraba en la casa de su novia en el momento de las muertes y solo que se enteró de lo ocurrido después de recibir una llamada de su abogada, tras lo cual volvió a su casa.
El guardia civil Sérgio Manhanhã declaró que estaba en servicio de las 15h hasta la medianoche. En lo que respecta al intervalo entre las muertes, alegó que patrullaba una zona distante de los lugares donde ocurrieron los crímenes.
El policía militar Thiago Barbosa Heinklain dijo que, tras cumplir su jornada de trabajo, dejó el batallón y se fue a casa. Según él, en el momento de los asesinatos, estaba con su familia.
Por su vez, el también policía militar Vitor Cristilder Silva Santos afirmó que se quedó en el batallón hasta cerca de las 22.30, aunque su horario de trabajo había terminado al inicio de la noche, entre las 18 y 19h. De acuerdo con el policía, decidió quedarse hasta más tarde porque había pedido un libro prestado a Manhanhã, que lo llevaría al batallón.
Aunque nieguen ser autores del crimen, el fiscal Marcelo Oliveira asegura que hay pruebas contra los acusados, que fueron reconocidos por testigos, incluso por una víctima que sobrevivió a la masacre y está en un programa de protección de testigos.
Camila Boehm – Reportera de Agência Brasil
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