Así lo informó la presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano (Unidad-Miranda), durante una reunión que sostuviera este martes con los abogados de la instancia parlamentaria y los funcionarios públicos despedidos. En este sentido explicó que la mayor cantidad de despidos se ha registrado en el Seniat, Corpoelec, Banfanb, Banco del Tesoro, la Policía Nacional Bolivariana y la Fundación Simoncito, entre otros.
“Ha sido una constante en distintos organismos del Estado, destituir a empleados públicos por haber ejercido su derecho constitucional. Más de mil trabajadores han sido despedidos. Se destacan entre los casos más delicados funcionarios que gozan de fuero sindical, de los más dolorosos casos se encuentran madres que les corresponde el fuero por maternidad, en período de lactancia o están embarazadas. Estamos atendiendo a más de mil personas que ahora no tiene posibilidad de llevar el pan a su mesa”, dijo Solórzano al concluir el encuentro.
Indicó la parlamentaria que a pesar de la violación de Derechos Humanos de la cual han sido víctimas estos funcionarios y trabajadores, los voceros de la Unidad siguen apostando por una Venezuela justa, libre y democrática. Recordó que la Comisión que preside está brindando la asistencia jurídica que requieren.
“Al quedar desempleados y sin ningún tipo de ingresos no pueden sufragar los gastos de un abogado para ejercer las acciones legales que corresponden. Nosotros les estamos brindando la posibilidad de contar con los abogados ad honórem, para poderlos asistir, orientar y sobre todo para que no se venzan los lapsos”, explicó Solórzano no sin antes explicar que no todos son funcionarios de carrera administrativa, unos se rigen por el sistema funcionarial contencioso, otros por la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que considera que cada uno merece una atención y orientación especial, de acuerdo al caso.
Destacó que es evidente que aquí hay violación de Derechos Humanos, por lo tanto son delitos que no prescriben, por lo que afirmó que agotarán las vías internas, para luego acudir a las instancias internacionales.
“Vamos a asistir a estos trabajadores para que puedan ejercer sus acciones ante la OIT y otros organismos internacionales, por justamente violación de Derechos Humanos”.
Fueron despedidos sin procedimiento administrativo
Por su parte, Nilda Carolina Rodríguez Contreras, funcionaria aduanera tributaria del Seniat, indicó que fue despedida de la aduana principal de Valencia, el 20 de junio de este año, sin ninguna explicación después de 21 años de servicios, siendo funcionaria de Carrera Administrativa, no personal de confianza de libre remoción.
“Fui removida sin ningún procedimiento administrativo que fundamentara la medida de despido. Todos los que fuimos removidos de los cargos salimos en la pagina del CNE con la firma válida por el referéndum revocatorio. Me preguntaron si iba a retirar la firma y dije que no, que la iba a validar, que asumía las consecuencia, porque ese era mi derecho constitucional y por aspirar a tener un mejor país”.
Dijo que acudieron ante la Comisión de Política Interior, para que los orienten y asesoren. “Aquí hay madres sustentos de familia, gente que había solicitado discapacidad y el Seguro Social se las había aprobado y de todos modos fueron despedidos. Gente que tenía fuero sindical”.
Reveló que la mayoría aspira que sean reenganchados porque en su mayoría, por lo menos los trabajadores removidos del Seniat, tienen más de 20 años de servicio.
“Estamos a escasos años de una jubilación. Han despedido alrededor de 300 personas nada más en el Seniat y todos los días notifican otros despidos. A una compañera la votaron porque estaba solicitando recoger firmas para apoyarme y a la semana la despidieron. Tiene amenazados a los trabajadores, les tienen prohibido que hablen o se reúnan con nosotros, porque de lo contrario serán despedidos también”, dijo Rodríguez.
Fundación Niño Simoncito
Amelia González, profesora de la institución educativa infantil Niño Simoncito, denunció que por haber firmado la solicitud de revocatorio en contra del Primer Mandatario, Nicolás Maduro, la presidenta de la Fundación del Niño, Carolina Cestari, les entregó carta de despido, indicándoles que no podían permanecer en la institución “en vista de que el Presidente no les iba a pagar un sueldo si no figuraban dentro de las filas revolucionarias”.
González explicó que la referida funcionaria les comunicó verbalmente esta decisión a 30 funcionarias, decisión que lamentablemente no pudieron registrar “en vista que nos quitó el celular para que no grabáramos dicho encuentro”.
Posteriormente indicó que se reunieron el 11 de julio, donde se les entregó la carta de renuncia, correspondencia que, en opinión de González, “muchas de nosotras no aceptamos”.
Trabajadores del SENIAT
Por su parte, la representante Mireya Fidel, Secretaria General del Sindicato SUNEP Finanzas Seniat-Región Nororiental (Anzoátegui, Sucre y Monagas) indicó que acudieron a la Comisión de Política Interior a fin de denunciar los despidos y remociones arbitrarias que, por parte del Superintendente José David Cabello Rondón, fueron objeto.
“De acuerdo con lo dicho por Cabello, los despidos están basados en la potestad que le otorga la ley, a los fines de remover y retirar de dichas instalaciones a los trabajadores, sin tomar en consideración que uno es un funcionario público y que para hacer estos despidos debió haber solicitado un proceso administrativo previo de cada caso”, advirtió Fidel.
Explicó que la razón esgrimida por el Superintendente, de acuerdo con los argumentos que le da la ley le permitió desincorporar, en una primera etapa, a más de 70 personas de todas las regiones, para un gran total de 160 funcionarios en todo el país.
Ante la Asamblea Nacional los trabajadores solicitaron se restituyan sus derechos laborales, específicamente los de aquellos funcionarios a punto de jubilarse. Por último, Mireya Fidel exigió aclarar la situación laboral de los 170 trabajadores del Seniat, que en todo el país fueron afectados por esta medida.
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