En total, se registraron 203 despidos de servidores activos, 29 anulaciones de jubilación y 19 destituciones de ocupantes de cargos comisionados. Los datos no incluyen los empleados de empresas estatales, como Petrobras, Banco do Brasil y Correos.
Según el ministerio, el fundamento principal de los despidos fue la práctica de actos relacionados con la corrupción –el 64,5% del total–. A continuación vienen abandono y ausencias al trabajo y acumulación ilícita de posiciones. Otras razones son la actuación inadecuada en las funciones (ociosidad) y la participación en gestión o administración de empresa privada, que está prohibida por la ley a funcionarios públicos.
El Ministerio de Transparencia, Supervisión y Control informó que los servidores despedidos quedan inelegibles por ocho años o definitivamente, dependiendo del tipo de delito cometido.
Desde 2003, el gobierno federal de Brasil ha despedido a 5.910 servidores.
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