“Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El Nuevo decreto es completamente inútil en cuanto a encontrar formas para que Venezuela pueda salir de la crisis en la que ha estado sumergida por años. Las autoridades Venezolanas deben enfocarse en pedir y llevar de manera urgente la ayuda humanitaria que millones de personas necesitan en todo el país y desarrollar un proyecto efectivo a largo plazo para abordar esta crisis”.
El decreto, oficialmente publicado días atrás en la Gaceta Oficial, establece que aquellas personas que trabajen en empresas públicas y privadas pueden ser llamadas a trabajar en organizaciones estatales especializadas en la producción de alimentos. También establece que deberán trabajar temporalmente en estas compañías por un mínimo de 60 días, cuando sus “contratos” pueden ser renovados automáticamente por un período extra de 60 días o se les permitirá regresar a sus trabajos originales.
Según la Gaceta Oficial N° 40.950, publicada el 22 de julio, el Gobierno exigirá que los trabajadores dejen sus puestos regulares de trabajo por un lapso de 60 días prorrogables por el mismo periodo de tiempo para cooperar con el plan. Durante esos meses, la empresa empleadora no está obligada a pagarles el salario base, pues pasaría a ser responsabilidad del organismo al que preste el servicio temporal.
Sindicatos venezolanos entienden que la situación de deterioro de la economía y el cierre de empresas las generó el gobierno que dilapidó el petróleo y las riquezas del país y que ahora las quiere solucionar obligando al pueblo a trabajos forzados.
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