España ratificó el miércoles su apoyo al gobierno de Bolivia que viene de plantear una iniciativa para reformar el sistema judicial del país andino amazónico, presa hace décadas de descomposición institucional, afirmó un comunicado de prensa de la oficina en La Paz del Ministerio de Exteriores ibérico.
“La Embajada de España puntualiza que apoya la iniciativa del Gobierno boliviano en materia de reforma del sistema judicial, y coopera junto con otros miembros de la UE en el proceso de reforma emprendido por el Gobierno boliviano”, afirmó una cartilla electrónica de prensa enviada a la ABI.
La cancillería de La Moncloa formuló, asimismo, sus apoyos al proceso de participación que implica el proceso de reforma judicial boliviano que ameritará una denominada “cumbre” nacional.
Precipitada sin solución de continuidad desde hace décadas, la justicia criolla deplora estos días la más aguda de las crisis.
“La Embajada de España respalda el proceso participativo e inclusivo del debate iniciado por el Gobierno para la reforma del sistema judicial y expresa su voluntad de continuar respaldando este proceso junto con el resto de los socios del Grupo Internacional de Justicia”, señala el comunicado.
Se trata del segundo mayor esfuerzo de la administración del presidente Evo Morales por frenar en seco, por vía de un acuerdo nacional, la corrupción evidente en el sistema judicial boliviano, según la población, acorralada por la corrupción.
Antecedida por encuentros institucionales departamentales, la denominada ‘Cumbre’ para la reforma judicial boliviana, anotada para junio, se registrará 6 años después de que la ciudadanía acudió a las urnas para elegir a los magistrados, política que no revirtió un ápice la tradicional descomposición.
El apoyo de España y la Unión Europea se evidencia poco menos de un mes después de que la Fiscalía echó mano a un consorcio de abogados, jueces y vocales que barajaban a discreción los fallos, con sendos cobros de al menos 20.000 dólares a decenas de litigantes e instituciones, entre otras, la telefónica de La Paz.
La investigación, que mandó a la cárcel a un prominente abogado del foro de La Paz, además de dos jueces y un vocal de la Corte de La Paz, no termina de abrir una caja de Pandora en que se ha convertido la administración de la justicia en Bolivia.
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