La presidenta de Chile, Michelle Bachelet destacó la Agenda de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, asegurando que es un pilar básico para establecer mejores medidas que conduzcan a generar confianza en la población, al tiempo de hacer más eficiente la labor pública.
En esta línea la Mandataria afirmó que el Ejecutivo ha podido concretar todas las medidas administrativas de la Agenda, y en cuanto a los proyectos de ley, de 19 proyectos de ley, se han enviado 16; siete ya han sido aprobados y otros están siendo discutidos, están en la Cámara de Diputados.
“Primero, robustecer el pilar de integridad en la función pública y las herramientas para lograrlo; segundo, eliminar el poder del dinero de la política y hacer más transparente los partidos políticos; y en tercer lugar, poner atajo a las malas prácticas y la corrupción en los negocios, un ámbito que no siempre es adecuadamente abordado, bajo el precepto errado de que la corrupción sólo acontece en el sector público”, expresó en un comunicado de prensa emitido por el Ejecutivo.
Las declaraciones las realizó la jefa de Estado en el marco de la inauguración del seminario internacional “Combatiendo la corrupción: Chile y el mundo” organizado por Espacio Público, donde destacó la oportunidad para compartir experiencias y reflexionar colectivamente sobre un tema tan urgente, como es la probidad y su contracara, la corrupción.
Ante esto valoró que se ha prohibido el aporte de las empresas a la política, poniendo límites al gasto electoral y sancionando fuertemente a quienes infrinjan las normas sobre financiamiento, incluyendo la pérdida del cargo para los infractores y penas de prisión para los casos más graves.
Asimismo para vigilar el cumplimiento de estas nuevas reglas, se dio autonomía constitucional y dotamos de nuevas capacidades al Servicio Electoral; modificamos las normas sobre partidos políticos, para hacerlos más democráticos y transparentes, para que no sólo sus miembros, sino que también la ciudadanía, puedan acceder a información relevante sobre ellos, tales como su regulación interna y su financiamiento.
“Junto con esta regulación de la esfera estatal y política, enviamos al Congreso proyectos que fortalecen las instituciones de supervigilancia y endurecen el castigo a las malas prácticas, la corrupción y la colusión de los negocios privados”, concluyó.
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