El Tribunal del régimen, acatando las instrucciones del Gobierno, ha vuelto a interpretar la Constitución de Venezuela a su manera y apartándose de lo que dicen las leyes, inventa presuntas ilegalidades en la ley de Amnistía y da un golpe de Estado judicial para obedecer las órdenes de Maduro, generando un conflicto de poderes que termina abatiendo a la democracia.
Si esto ocurriera en cualquier otro país, los bloques regionales como la Unasur, el Mercosur o la CELAC, estarían reuniéndose de urgencia para implementar sanciones contra lo que ya es a todas luces, un quiebre institucional, pero guardan silencio y miran para otro lado. Por el contrario, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ha aceptado integrar una farsa de Maduro, la “Comisión de Verdad y Justicia”, integrada exclusivamente por chavistas sin tener en cuenta la voz de la oposición y de los perseguidos por el régimen. Una clara demostración de que es un club ideológico que nada tiene que ver con un bloque regional para velar por la observancia de la democracia de los países que la integran.
La incongruencia no resiste el menor análisis, si se toma en cuenta que a Paraguay se le sancionó por parte de estos bloques regionales, por destituir al expresidente Fernando Lugo, aplicando artículos de la Constitución paraguaya que permiten el juicio político.
Es tan evidente la farsa montada que el pronunciamiento del Tribunal Supremo, según relata el portal La Patilla, la decisión tomada por la Sala Constitucional del TSJ sobre la Ley de Amnistía según la cual resulta inconstitucional no tiene el efecto de impedir su promulgación, así lo estableció la propia Sala Constitucional en la sentencia N° 2817 de fecha 18 de noviembre de 2002Imagen integrada 1, caso Hugo Chávez Frías, en donde se fijó con carácter vinculante, el sentido y alcance del artículo 214 Constitucional, por lo que está obligado el Presidente, luego de los cinco días de que la Sala dicte su pronunciamiento, positivo o negativo, a promulgar la Ley.
Es necesario aplicar la Carta democrática de la OEA, e incluso de la CELAC, ya que las últimas decisiones del régimen chavista dejan en claro el apartamiento del gobierno venezolano del camino democrático que deben seguir, aunque si tomamos en cuenta que la CELAC ha estado presidida por Cuba, que se “comprometió a velar por el cumplimiento de la democracia en los países del bloque”, todo parece ser una burla al sentido común.
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