
El gobierno de Costa Rica por intermedio del Ministerio de Justicia y Paz reformula el modelo penitenciario para garantizar, mediante el estudio y el trabajo, la inserción social de los privados de libertad del país.
En esta línea se detalló que la medida contempla una serie de acciones como las mejoras en la vigilancia y las condiciones de la Policía Penitenciaria, al tiempo en que disminuye los niveles de hacinamiento de las cárceles. Asimismo se prevé el fortalecimiento en materia de infraestructura que facilite su educación y formación laboral.
Ante esto la ministra del área, Cecilia Sánchez, explicó que el Ejecutivo cuenta con el apoyo y respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que entregó un préstamo administrado por la Unidad Ejecutora el Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social el que tendrá como fin la construcción y equipamiento de la Unidad Productiva en San Rafael de Alajuela y está por iniciarse la de Pococí (Limón), para albergar y atender a 1.152 privados de libertad en talleres y centros de atención interdisciplinaria.
De la misma forma, se explica en un comunicado de prensa, que por medio del proyecto de Telesalud, con el cual, gracias a convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), especialistas en diversas áreas atienden a los privados de libertad. Además, ha habido cambios sustanciales en la atención de los jóvenes en el Centro de Formación Juvenil Zurquí.
Asimismo el programa contempla acciones para el tratamiento de dorgodependientes, por lo que se ha habilitado una comunidad terapéutica en Liberia, a la vez, que se firmaron convenios interinstitucionales con universidades para que capaciten a los privados de libertad.
Por otro lado, se han realizado mejoras en las condiciones laborales de los policías penitenciarios, lo que ha permitido proyectar una imagen institucional sólida para el posicionamiento de este cuerpo policial. A la vez, se ha dotado de vehículos nuevos para la ejecución de sus tareas, se habilitó la nueva Policía Comunitaria y se construyeron dormitorios para 120 oficiales en La Reforma, los cuales les permiten tener condiciones dignas.









